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Fiscalización: sin fondo y sin forma

Todos, salvo PAIS, coinciden: el acceso a la información es quijotesco - Hay de todo: demoras, rechazos, incongruencias y silencios

09 feb 2016 / 23:44

Potestad a medias. Es el primer poder del Estado, pero muchos de sus pedidos de información no se contestan. Los legisladores opositores de la Asamblea Nacional se han resignado a que decenas de sus consultas, en el mejor de los casos, reciban respuestas sin relación, sean incompletas, lleguen con demoras que superan 25 veces el plazo legal establecido. O, simplemente, no lleguen. Así se fiscaliza en Ecuador, dice la oposición. Aunque no es parte de la ley, luego de que el presidente Rafael Correa ordenara a sus ministros, en 2012, que no respondieran pedidos de información si estos no llegaban tramitados por la oficialista presidencia de la Asamblea, la búsqueda de respuestas empezó a dificultarse para todos fuera de Alianza PAIS, según lo han denunciado todos los jefes de bloques legislativos opositores en entrevistas con EXPRESO. El oficialismo, cuya bandera anticorrupción se afirma sobre todo en haber aprobado la ley de acceso a la información y haber obligado al Estado a publicar información de transparencia en sus portales web, no encuentra en la orden presidencial ninguna contradicción. “En ningún momento se ha dicho que no se va a dar la información, sino que todo pedido debe ser canalizado a través de la presidencia de la Asamblea”, defiende Fausto Terán, jefe del bloque verde flex. En el razonamiento de Terán, los pedidos son “atribuciones de la función legislativa” y están representados por el despacho mayor del Hemiciclo. Esto, aunque la Ley de la Función Legislativa señala, explícitamente, que la atribución de los asambleístas es solicitar “directamente información” a todos los servidores públicos. Ante los argumentos críticos, PAIS se refugia en las cifras. En el 2015, se levantaron más de 1.600 solicitudes y, de estas, casi 1.200 ya han sido respondidas. Esa visión, sin embargo, es rápidamente cuestionada por las demás bancadas. No se trata de responder, dicen los opositores, sino de hacerlo bien y a tiempo, como señala la ley. Consultado por este Diario, Terán negó conocer “exactamente” si los pedidos se responden a destiempo. Pero reconoció que “si este fuera el caso, sería algo preocupante”. Pues lo es. Este medio ha podido recopilar el vaivén de decenas de oficios, remitidos desde despachos opositores en la Asamblea y respondidos hasta después de un año, desde la primera consulta. Tal vez el caso más evidente reposa en los archivos del socialcristianismo. Su jefe de bloque, Henry Cucalón, solicitó al canciller Ricardo Patiño, en agosto de 2013, que se le explique cuál fue la anunciada sanción impuesta al entonces cónsul en Londres, Fidel Nárvaez, por disponer un salvoconducto al exanalista de la CIA, Edward Snowden. La respuesta llegó 15 meses y tres insistencias más tarde. ¿Qué decía? “Que ya no era cónsul en Londres, sino primer secretario”, explica Cucalón, no sin indignación en el tono. No es el único ejemplo (ver infografía). A pesar de que el bloque socialcristiano tramita sus pedidos a través de la presidencia legislativa, su capacidad de fiscalización se ha visto “burlada”, en sus palabras. Y va más allá del tiempo. Se centra en las formas. Por ejemplo, el hoy expresidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, rechazó entregar información sobre el contrato de la función con Scytl Secure Electronic Voting. Aunque no lo dijo, Cucalón sospechó que la negativa se relacionaba con la disposición presidencial sobre no tramitar pedidos individuales. “Tuve que recordarle que la Función Electoral es independiente”, cita. Y, solo entonces, Paredes decidió “de manera acertada, entregar la información”. Las formas también preocupan al exaliado oficialista Avanza. Luis Antonio Posso, jefe del bloque, quien a título personal ha levantado más de 30 pedidos en la actual legislatura, se muestra frustrado. “Resulta ocioso, inútil, ejercer la fiscalización en estas condiciones”, critica Posso, cuyos principales pedidos se han enfocado en los contratos de las zonas mineras. La información que recibe, dice, “es incompleta, parcial, demora y, muchas veces, ni la entregan”. En este caso, en lugar de responderle los montos, el funcionamiento de las regalías, los beneficios y participantes relacionados a la minería. Se limitaron a “ratificar que existen los contratos”, y nada más. Pese a las formas, Avanza y PSC han tenido más suerte que CREO. Su asambleísta más productivo en peticiones de fiscalización, Diego Salgado, quien ha solicitado más de 100, se ha estrellado contra un muro de silencio a la hora de intentar aclarar temas incómodos. Su caso emblemático gira sobre los pedidos de información a la ministra de Justicia Lady Zúñiga, quien estuvo a cargo del informe sobre la muerte del general Jorge Gabela, asesinado en su casa, en 2010, tiempo después de haberse mostrado crítico con la compra de siete helicópteros Dhruv, de los cuales cuatro han terminado estrellados contra el suelo. Pese a la insistencia del despacho de CREO, la única respuesta de Zúñiga fue un oficio dirigido a la presidencia legislativa en el que pedía que se instruyera a los asambleístas sobre la forma de solicitar información. Salgado tramita sus pedidos de forma individual y sin pasar por la Unidad Técnica de Fiscalización. Esta unidad, creada a partir de un estatuto interior, brinda soporte a la presidencia de la Asamblea para tramitar la avalancha de pedidos. Sus funcionarios, sin embargo, son poco estimados por la oposición, que los acusa de obstruir el trabajo legislativo. “Esta unidad, que no consta en la ley y cuyas decisiones no son vinculantes, se toma el atrevimiento de decidir si una solicitud es procedente”, explica Verónica Freire, asesora jurídica de Salgado. “Es inconcebible que un funcionario impida a un legislador electo cumplir su deber”. El debate entre los oficialistas y opositores funciona en este tema como en todos los demás: acusación y negación. Mientras la minoría cuestiona la forma, el oficialismo reluce las estadísticas que, ciertamente, le conceden 1.116 de las 1.600 solicitudes elevadas el año pasado. Terán, ácido ante lo que considera una tergiversación pura y dura, muestra músculo político y restriega las cifras bajas a la oposición: “tal vez alguien no está cumpliendo con su tarea”, dice. Esa visión, sin embargo, podría responder a otra realidad. A fin de cuentas, PAIS ha solicitado el 70 % de los pedidos, pero controla el 72 % del hemiciclo. Las críticas ya no llegan solo desde la otra orilla. Uno de sus desertores más recientes, Oswaldo Larriva, ha asegurado también (aunque solo después de su desafiliación) que “en ocasiones ni siquiera contestan” y que “ellos (el Gobierno) piensan que con no contestar ya resuelven el problema”. No cree que sea así y piensa (como muchos en la oposición) que solo están postergando las respuestas. Después de todo, con la elección de 2017 bien podría cambiar la correlación de fuerzas en el pleno. Pero es 2016. Por ahora la fiscalización legislativa queda en manos de la capacidad de la presidenta Gabriela Rivadeneira para gestionar adecuadamente los pedidos. Su nombre, sin embargo, también aparece en la lista de morosos informativos. El siempre incómodo despacho de Salgado ha pedido a la propia Rivadeneira, en dos ocasiones, detalles sobre el gasto de la Asamblea en publicidad, manejo comunicacional y las populares campañas de socialización, que incluyen viáticos y locales. La solicitud se hizo hace seis meses. ¿La respuesta?... Tampoco ha llegado.

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