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Los vinculados al caso de cohecho en Petroecuador, con paradero incierto

La Fiscalía no conoce cuántos se quedaron y acudirán a la audiencia

18 oct 2016 / 00:02

Ubicación desconocida. En su mayoría, los nuevos involucrados en la instrucción que se sigue contra Javier Baquerizo y otros, por presunto cohecho, habrían salido del país antes que se concrete su vinculación.

La audiencia será el viernes, a las 09:00, en la Unidad Judicial Penal de Quito. Fue convocada por la jueza de Pichincha Karen Matamoros.

Ese día se conocerá si se incorpora al proceso al exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli. Él es uno de los 17 sospechosos a ser vinculados y se sabe que salió del país.

Parte de su familia también está en esa lista, pero ellos se encontrarían en el país, según conoció EXPRESO.

El expediente inició el 17 de agosto con la formulación de cargos en contra de Baquerizo. “El único que no tiene nada que ver y está preso”, señaló ayer su defensor, Jorge Acosta.

Según el abogado, los documentos de la asistencia penal dicen que no realizó ningún giro para Capaya, de Girbra, de Álex Bravo o de cualquiera de sus empresas. Sus movimientos bancarios, dijo, son a sus proveedores.

Acosta observó que “el resto de beneficiarios, especialmente públicos, gozan de buena salud y de vacaciones, como bien lo afirmó el señor secretario jurídico de la Presidencia”.

De la salida del país de Pareja nadie se hace responsable. El asambleísta Mauro Andino aseguró que en junio, tras la comparecencia de Pareja a la Asamblea, se evidenciaron inconsistencias. Afirmó que se podía abrir una instrucción y pedir su prisión. Eso le correspondía a la Fiscalía que se defendió argumentando el pedido de vinculación se logró no gracias al informe que la Asamblea hizo sobre los Papeles de Panamá, sino a la asistencia penal de ese país.

En el país o no, para el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, hay una lista larga de potenciales delitos. Si los dineros de las cuentas del exterior fueron transferidos por contratistas sería cohecho. Si eso implica incremento de dinero de los funcionarios sería enriquecimiento ilícito. Haber trasladado el dinero afuera para maquillarlo es lavado de activos.

Si esas cuentas que se abrieron en el exterior fueron a nombre de otras personas sería testaferrismo y al no reportar esos ingresos a la autoridad tributaria sería evasión tributaria, informa García. MCV

A LA CARTA