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Un nuevo cobro para los dueños de inmuebles

La ley para la eficiencia en la contratación pública tiene plazos de pago. El costo de la obra pública se dividirá entre beneficiarios.

12 ene 2017 / 00:00

Es un nuevo cobro estatal. Los propietarios de inmuebles pagarán una contribución especial de mejoras por la ejecución de obras públicas.

La tasa está incluida en el proyecto de Ley para la eficiencia en la contratación pública, que se aprobó ayer en la Asamblea, con 75 votos a favor.

Para el oficialismo, el pago no es un nuevo impuesto. Para la oposición se trata de un tributo que choca con el cobro que ya hacen los gobiernos locales e incluso con la reciente ley de plusvalía.

“Es un impuesto absurdo que se suma a los otros existentes”, explicó Esteban Torres, alterno de Luis Fernando Torres, del PSC-Madera de Guerrero.

¿Cómo funciona y quién cobrará la nueva tasa? Cualquier entidad de la Administración Pública central. Es decir, si organismos como los ministerios construyen un parque, puente, calle, carretera, por ejemplo, exigirán el pago.

Esas entidades solicitarán un informe sobre los predios localizados en la zona beneficiada, así como la revalorización generada por la obra pública. Esa suerte de estudio será elaborado por la dependencia de avalúos y catastros del gobierno municipal o metropolitano del lugar en el cual se construyó esa obra pública.

Los municipios tendrán el plazo de un mes para entregar esa información. Para determinar la revalorización “se aplicará una metodología emitida por el órgano rector del catastro nacional georreferenciado”, señala el texto aprobado.

Pero César Umajinga, de Pachakutik-Unidad Popular, dijo que en este país la mayor parte de las alcaldías no tienen ese catastro, o son parciales.

La normativa impulsada por el presidente Rafael Correa contempla una solución para esos casos. “La entidad ejecutora de la obra emitirá el acto administrativo que señale los predios beneficiados, así como el monto de la contribución y el plazo de pago”. Es decir, el cobrador de la cuota adicional elaborará los estudios para fijar el monto.

Con el informe, el siguiente paso será notificar a los propietarios de los predios y al registrador de la Propiedad en el lapso de tres días. Este emitirá una resolución que se incluirá en los certificados de los gravámenes, dice el proyecto aprobado.

¿Cuál será la base de pago? El costo de la obra dividido entre las propiedades beneficiadas. El resultado, según el documento, “no podrá superar el 50 % de la revalorización del inmueble”. Si el propietario no puede pagar, la entidad ejecutora de la obra podrá disminuir o exonerar la cuantía.

También habrá facilidades de pago: hasta 10 años, en cuotas anuales y sin intereses. Pero, si la propiedad pasa a otra persona, ese pago se exigirá antes. El Servicio de Rentas Internas podrá cobrar en caso de incumplimiento ante la entidad a cargo de la obra.

No será el valor comercial

Si un bien inmueble es declarado de utilidad pública y de interés social, se buscará un acuerdo económico entre las partes. Esto ocurrirá en un plazo de 30 días y sin perjuicio de la ocupación inmediata de esa propiedad. El precio del inmueble será el del avalúo catastral. No el valor comercial.

El Municipio tendrá un mes, dicta la norma aprobada, para entregar el avalúo registrado en el catastro municipal y sobre el cual se pagó el impuesto predial anterior.

A LA CARTA