Martes 21 de Junio de 2011 | Protestas por centros de rehabilitación

Hoy habrá un juicio popular en contra de la normalización sexual

Paola permaneció dos años en un centro de rehabilitación que ofrecía curarla de su lesbianismo. Ahí sufrió constantes abusos físicos y psicológicos. Su caso, como el de cientos de gais, lesbianas, bisexuales, transgéneros e intersex inspiró la realización de un juicio popular que llame la atención de las autoridades de Estado.

Según Cayetana Salao, representante de Artikulación Esporádika, organismo que impulsa el juicio, el Estado y su "homofobia estructural" es responsable de los daños y abusos que sufren estas personas. Por eso citaron hoy a las 15:00, en el parque El Arbolito, en Quito, a los ministerios de Justicia, Salud, Educación y Defensa; al Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Consejo de la Niñez y Adolescencia, la Fiscalía General y la Cancillería. Hasta el momento, solo el canciller Ricardo Patiño confirmó su asistencia al acto.

Para Mayra Estévez, integrante de Artikulación, el juicio busca que las entidades públicas tengan vergüenza ante lo sucedido. Ellos otorgan permisos de funcionamiento a estas clínicas que ofrecen -por 800 dólares al mes- "volver normales" a los jóvenes con diferentes tendencias sexuales. Salao dijo ayer, en rueda de prensa en la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) en Quito, que no hay registros de un centro que haya sido clausurado pese a las denuncias que reposan en la Defensoría del Pueblo.

Ella no dio nombres de las clínicas involucradas por temor a que eso signifique mayor castigo para las personas que aún están recluidas. Además, sería una alerta para que oculten sus prácticas, según Walter Carriqueo, representante de Asociación de radiodifusión.

El juicio de hoy -reconoce Carriqueo- no tendrá efectos legales, pero es el último recurso que encontraron para hacer visible la realidad de cientos de jóvenes que sufren estos abusos auspiciados "por la tibieza con la que el Gobierno nacional trata los temas de diferencias sexogenéricas".

En la audiencia estarán los defensores de las causas Glbti. Salao agradeció al concejal de Quito, Norman Wray y a los asambleístas María Paula Romo, María Augusta Calle, Paco Velasco, Virgilio Hernández e Irina Cabezas por su apoyo a la propuesta de denuncia.

El punto fuerte de la audiencia será el testimonio de Paola. Ella no estuvo presente en la rueda de prensa. Al final del juicio se redactará un documento, con la colaboración de representantes de los Derechos Humanos, solicitando la actuación más radical del Estado.

Según datos aproximados Artikulación Esporádika, en el Ecuador hay cerca de 500 centros de rehabilitación que ofrecen servicios de normalización sexual. De esos, el 50% está legalmente constituido.

Las ciudades donde más casos se reportan son Guayaquil, Quito y Manta. En promedio, hay 150 denuncias anuales por este tema en la Defensoría del Pueblo. (JMF)