En Quito, los medidores compartidos disparan la tasa de recolección de basura
Alrededor de 115.000 predios en la ciudad comparten un mismo equipo. La individualización debe ser solicitada
El cambio en el mecanismo de cobro de la tasa de recolección de basura (TRB) en Quito abrió un frente de reclamos ciudadanos que el Municipio intenta contener con cifras y explicaciones técnicas.
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El traslado del cobro desde la planilla eléctrica a la factura de agua potable, administrada por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), mostró una diferencia significativa: hay muchos menos medidores de agua que de luz para dividir el mismo servicio.
Hasta octubre, cuando la tasa se incluía en la factura de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), más de 1,2 millones de usuarios aportaban. Con el nuevo esquema, el universo se redujo a poco más de 700.000 cuentas activas en Epmaps. La consecuencia fue que en miles casos los valores se dispararan más del 300%.
Los reclamos comenzaron en febrero, mes en que el Municipio asumió el cobro directo de la TRB, luego de que por disposición del Gobierno central dejara de facturarse en las planillas eléctricas.
La explicación del alcalde de Quito
En barrios y edificios, usuarios reportaron alzas inesperadas. Víctor Paredes, por ejemplo, pasó de pagar en promedio 9 dólares a más de 100 solo por la tasa de basura.
El alcalde, Pabel Muñoz, reconoce que existe una afectación, pero matiza. Según dijo, la mitad de los usuarios paga lo mismo o menos que antes. De la otra mitad que registra incrementos, el 60% asume entre uno y cinco dólares adicionales; el 18% entre cinco y diez dólares más; y un 8% entre 10 y 15 dólares extras.
Los casos más graves, sostiene, están vinculados a altos consumos de agua o a predios que comparten un solo medidor. Ahí radica el problema, aseguró.
De acuerdo con información de la Epmaps, de las 714.594 cuentas que existen, 13.500 corresponden a medidores generales. Sin embargo, el catastro municipal estima que alrededor de 115.000 predios dependen de uno de esos medidores compartidos.
En edificios y condominios, el consumo acumulado eleva la base de cálculo y, por tanto, la tasa asignada. Muñoz anunció que al cierre de febrero se realizará una “autopsia” técnica para contar con un diagnóstico detallado de los cobros. Recordó que la tasa está atada al consumo de agua: quien más consume, más paga.
Como alternativa en el corto plazo, el alcalde planteó avanzar en la individualización de medidores en edificios y condominios. No obstante, la gestión depende de cada propietario. Epmaps aclaró que como entidad no realizan el trámite de oficio y debe ser solicitado por el cliente, ya sea de forma presencial en cualquiera de sus siete agencias o a través de la página web institucional.
La empresa asegura que sí hay disponibilidad de medidores, siempre que el inmueble cumpla dos condiciones: espacio físico para la instalación (requisito técnico) y documentación que acredite la propiedad (requisito legal).
A finales de enero, la gerente de Epmaps, Verónica Sánchez, precisó que no es obligatorio contar con un medidor propio y que en edificaciones antiguas puede ser inviable realizar las adecuaciones hidrosanitarias necesarias. También adelantó que se trabaja en una ordenanza para exigir que cada nuevo edificio incorpore medidores individualizados desde su construcción.
Las cifras de Epmaps muestran que en 2025 se instalaron 10.320 medidores, entre conexiones iniciales, derivaciones y complementarias, y en lo que va de 2026 se han atendido 1.340 solicitudes, aunque no se detalla cuántas de ellas corresponden específicamente a una individualización.
Para el edil Andrés Campaña, la individualización puede aliviar el malestar inmediato, aunque advierte que eso no implica volver a los valores que se pagaban en la planilla eléctrica.
Sánchez explicó que con la EEQ se recaudaban 72 millones anuales, monto insuficiente para cubrir el costo total de la gestión de residuos a cargo de Emaseo y Emgirs. Por ello, en 2026, la expectativa es alcanzar un cobro cercano a los 95 millones en la planilla de agua.
Campaña recordó que durante el debate sobre el nuevo esquema propuso adoptar un modelo similar al de Chile, donde la tasa se calcula según el peso de la basura generada. A su juicio, ese sistema era más adecuado y se ajustaba al principio ambiental de “quien más contamina, más paga”. La iniciativa, sin embargo, fue descartada.
En su lugar, se optó por el consumo de agua como base de cálculo, un criterio que hoy enfrenta cuestionamientos por muy alejados de lo que se cancelaba en la planilla de luz.
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