De cada 10 ecuatorianas, 7 han sufrido alguna violencia

Sobre la arena caliente de una playa desolada entre Ancón y Atahualpa, en la provincia de Santa Elena, un guayaquileño de 35 años encontró muerta a su novia. Era el 1 de enero de 2023 y horas atrás, ambos fueron interceptados por hombres armados que se robaron el vehículo, lo inmovilizaron a él y pretendían violarla a ella.

Ana Vásquez, como se llamaba la mujer, logró huir de sus captores. Corrió en dirección al mar, pero el oleaje la atrapó hasta ahogarla. Aunque su caso no será registrado como un femicidio (a menos que se demuestre como tal en un juicio), su muerte es un reflejo de la agudización de un fenómeno que tiene en alerta a las autoridades: la violencia contra la mujer.

De acuerdo al estudio Violencia basada en género en el Ecuador, publicado en la más reciente edición de ‘IUS Criminale’ de la Fiscalía General del Estado, en el país 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de agresión entre 2017 y 2021.

Los datos recopilados de diversas fuentes oficiales advierten que la mayoría de casos son de violencia psicológica, seguidos de agresiones físicas y abusos o acosos sexuales, aunque la investigación menciona 26 distintos tipos de violencia. “No obstante (...) en el ámbito familiar, entre el 89% y el 97 % de víctimas de violencia psicológica; entre el 82% al 96 % de las víctimas de violencia física y entre el 81% y 95 % de las víctimas de violencia sexual, no denuncian a sus agresores”, se lee de la publicación realizada por Cherly Martens, Lizi Ernst y Taymi Milan, expertas en estos temas.

Otro de los datos alarmantes del estudio tiene que ver con las mujeres migrantes en el país. Entre las amenazas se destacan el acoso, el abuso, la violación, la explotación con fines laborales y sexuales, la trata de personas y el sexo transaccional.

“En el Ecuador, del total de mujeres migrantes, un 68 % ha sufrido violencia sexual en zonas fronterizas del país, mientras que el 65 % han sido víctimas de violencia sexual en otras partes”, se explica en el estudio.

EXPRESO habló con Beatriz Rodríguez, directora de Estudios Penales de la Fiscalía General del Estado, quien precisó cuáles son las medidas que se están tomando para combatir esta situación. 

La funcionaria empezó por señalar que en el país los distintos tipos de violencia contra la mujer están “normalizados e institucionalizados” y que se trata de un problema estructural que, en los casos más graves, derivan en femicidios.

“En el sistema, hablando de todo el país, esto se ha abordado como un problema, pero no existen soluciones viables. No se puede culpar solo a las instituciones porque no hay recursos para tratarlo. Tenemos que hacer un mea culpa y reconocer que durante décadas este problema ha seguido su curso y las respuestas siguen siendo ineficaces, siguen sin ser efectivas, porque no existe una perspectiva de género en las instituciones”, dijo la funcionaria.

Entre las alternativas implementadas en el país se destacan la creación de las Comisarías de Familia que se transformaron en Unidades de Violencia contra la Mujer, la dirección de Género del Ministerio de Gobierno, la Ley Orgánica de 2018 para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la activación de fiscalías de género.

“La Fiscalía, con la llegada de la doctora Diana Salazar, puso un grupo experto en género que se encarga de la revisión y acompañamiento de los casos; los fiscales acompañan a las víctimas para que las investigaciones se realicen de forma efectiva y eficiente. Hay recursos invertidos, hay talento humano responsable”, explicó Rodríguez.

• Al día ingresan en promedio 419 llamadas de emergencia por agresiones

En Ecuador hay al menos cuatro fuentes de información sobre agresiones contra las mujeres: el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la línea ECU-911 y el Ministerio de Seguridad Pública.

Según la publicación de ‘IUS Criminale’, entre 2017 y 2021 el ECU-911 recibió 765.249 llamadas de emergencia por violencia de género en Quito, Guayaquil, Machala, Lago Agrio y Manta, siendo la violencia sexual la más denunciada.

Además, las cifras precisan que en el período de estudio, solo en Guayaquil se reportaron 20 casos de tráfico ilegal de personas y 72 de trata de personas; Quito reportó 110 y 217, respectivamente y Lago Agrio, 15 y 43 casos.

“La presencia de una importante cantidad de ONG de la cooperación internacional y de la sociedad civil no es suficiente para revertir estas cifras, pues no hay políticas públicas ni nacionales, ni locales, que enfrenten de manera frontal estas problemáticas”, se concluye de la investigación.

Por: Óscar Murillo Mojica | Twitter: @oscarmurillom