100 días de déficit político

Dos cosas heredó Guillermo Lasso de Lenín Moreno: la flotación del precio de los combustibles, gracias a la derogatoria del subsidio respectivo, y la falta absoluta de políticas públicas para contrarrestar los efectos (aunque no fueran sino políticos) de esa medida. Como producto de esa herencia y con cien días escasos en el gobierno, Lasso parece encaminarse con paso firme hacia un nuevo octubre de 2019 que bien podría ocurrir, si los cálculos de sus artífices no fallan, en octubre de 2021. Cuando esto ocurra, la mayoría con la que el Gobierno repartió comisiones en la Asamblea Nacional será agua (de hecho, ya lo es): en el eventual escenario de un nuevo octubre, su supuesto aliado Pachakutik se habrá pasado a la oposición, junto al correísmo, adonde pertenece por naturaleza.

La causa de esta situación habrá que buscarla en la doble carencia que ha marcado la identidad política de este Gobierno durante sus primeros cien días. De esa doble carencia habla todo el mundo, como si fuera evidente, pero fue un columnista de este Diario, el pelagato José Hernández, el primero en señalarla: falta de un operador político y falta de una narrativa que contrarreste aquella que la izquierda radical y correísta tiene bien posicionada en el debate público. El presidente piensa que no necesita ni uno ni otra.

Al primero, al operador político que lo sacaría de apuros en una Asamblea en la que se encuentra en abrumadora minoría, piensa el Gobierno sustituirlo mediante democracia directa. Como si cada ley puntual (la de Comunicación, por ejemplo, que cada día se enreda más) cada reforma tributaria, cada tratado internacional y cada presupuesto anual pudieran aprobarse por consulta. En cuanto a la narrativa, ha dicho Lasso que se puede prescindir de ella cuando los hechos hablan por sí solos. Lo cierto es que a una izquierda que se mueve a fuerza de consignas más que de realidades no le ha sido difícil convencer a sus seguidores de que el incremento de la gasolina, por ejemplo, tiene efectos inflacionarios aunque no los tenga; o que el Ciadi es una cesión de soberanía, aunque no lo sea. Más aún: a cien días de iniciado el Gobierno, ¿cuáles son esos hechos de los que habla el presidente?

En la zona rural de la provincia de Cotopaxi, donde se encuentran las bases duras de Leonidas Iza que marcharon hacia Quito en octubre de 2019, las condiciones de vida siguen siendo de una precariedad insostenible: el agua, la acaparan un puñado de empresarios agrícolas con monocultivo (de brócoli, por ejemplo); la tierra, en consecuencia, produce poco y se deprecia; el acceso a los mercados es de una inequidad pasmosa. Ya que las narrativas no le importan, ¿qué hechos, es decir, qué políticas públicas ha propiciado Guillermo Lasso para cambiar esta situación? De un gobierno como el actual, animado por un ‘think tank’ de ideas libertarias, la Fundación Ecuador Libre, se esperaba una política agraria enfocada en contrarrestar el discurso marxista de las dirigencias indígenas y mariateguistas con desarrollo capitalista en las zonas rurales. El estado de postergación en esas zonas es tal, que a menudo José Hernández ha evocado la figura del Plan Marshall para describir la dimensión de lo que ahí se necesita. Esa política no está, que se sepa, ni esbozada siquiera.

Se dijo, en su momento, que la eliminación de los subsidios generaba un ahorro de 4 mil millones anuales al Estado. ¿No es justo redistribuir parte de esos ahorros? ¿No es sabio invertirlos en procura de la paz social? Parece que los brillantes millennials de la Fundación Ecuador Libre ni son tan brillantes como se creía ni se encuentran tan al corriente de la realidad del Ecuador como debieran, y eso hace parte de las carencias políticas del régimen. Solo queda una ministra de Agricultura de bajo perfil a quien la Asamblea ha comenzado ya a desplumar sistemáticamente. Cuando Iza se dirija a sus bases campesinas y las aliente a producir un nuevo octubre, lo seguirán. Y el Gobierno se quedará donde está: sin operador, sin narrativa y sin hechos.