Más de 120 investigaciones por corrupción en la emergencia

El próximo 21 de octubre Lenin Mantilla, exsecretario de Salud del Municipio de Quito, recibirá cargos por posible peculado. Será a las 10:00. La formulación de cargos fue solicitada por la fiscal Ruth Amoroso, que investiga posibles irregularidades en la compra de 100.000 pruebas PCR durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

El de Mantilla es uno de los 120 expedientes por delitos contra la administración pública derivados de corrupción y abiertos por la Fiscalía en el contexto de la pandemia, por anomalías en la adquisición de insumos médicos.

De ellos, 109 están en investigación previa y 11 en instrucción fiscal. Hay al menos 380 personas investigadas, 85 procesadas y 55 detenidas, según información que dio la fiscal Diana Salazar el 30 de septiembre en el encuentro denominado ‘Fraude y corrupción en tiempo de crisis’.

En la cita la funcionaria señaló que uno de los principales hallazgos fue que el sistema de contratación en Ecuador es permeable. “Al amparo de la contratación por emergencia, constatamos cómo se realizaron procesos discrecionales que afectaron con sobreprecios al Estado”, afirmó.

Con Mantilla serán procesados Diego Salazar, Simón Valencia, José Morales, Iván Manzano, Enrique Bucheli y Juan Vinely. Son sospechosos de las posibles compras irregulares registradas durante la emergencia sanitaria.

La Contraloría inició acciones de control en el Ministerio de Salud Pública, hospitales del IESS, de la Policía, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Municipios, entre otros.

En la Contraloría hay 94 acciones en ejecución en hospitales del Ministerio de Salud, 41 en el IESS, una en el Issfa, tres en hospitales policiales, 23 en Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales o empresas, 23 en Municipios y sus empresas. En el caso del Municipio de Quito, fueron enviados a la Fiscalía dos informes con indicios de responsabilidad penal por el caso de las posibles anomalías en las compras de las 100.000 pruebas PCR, a cargo de Mantilla, y por los procesos de contratación de insumos en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps), aparte de otros dos en marcha en la Empresa Eléctrica y en el Cuerpo de Bomberos.

En la gestión de Mantilla la Contraloría hizo un examen especial a la adquisición de las pruebas PCR. Detectó varias anomalías. Entre ellas, que en el proceso de contratación el secretario de Salud no presentó el plan de contingencia pedido por el alcalde, Jorge Yunda, para establecer las características de la necesidad.

Tampoco definió objetivos, número de pruebas a aplicar y capacidad de procesamiento de los resultados, oportunidades de control, recursos materiales y humanos, la identificación de las zonas de mayor riesgo, de concentración de casos, el tratamiento del riesgo por sospecha y confirmación de personas contagiadas.

Jaime Santos es el abogado de Mantilla. El defensor insiste en que el caso tiene tinte político. Tilda al informe de la Contraloría de ‘apresurado’, pues “ellos solo analizan el precio, pero en un concurso público deben analizar varias condiciones, como precio, calidad y garantías”, dice.

Además sostiene que la convocatoria pública se hizo por dos ocasiones. Afirma que solo la empresa Salumed, que fue la adjudicada, cumplía con los parámetros. Según el abogado, el objetivo era “Jorge Yunda, que tenía un gran perfil y se trató de opacarle a través de eso”.

La versión de Mantilla es que ameritaba contratar las pruebas para salvar la vida de los quiteños y no se puede hablar de peculado. Para la audiencia, Santos está recogiendo documentación para presentar arraigos ante un eventual pedido de prisión que haga la Fiscalía para su cliente durante la formulación de cargos.

Afirma que el caso de su cliente es ‘un distractor’ porque existen procesos más importantes en los que no han hecho nada. Cita, por ejemplo, El Aromo, “los 70.000 millones de dólares que se llevaron del Ecuador”.

Recuerda que tampoco hay detenidos por la protesta indígena de octubre, cuando “quemaron la Contraloría, el archivo económico del país y no ha pasado nada; comparado con esto hay una desproporción”.

Asimismo, la Contraloría aprobó cuatro informes generales de hospitales del Sistema Público de Salud y cuatro del IESS. Con indicios de responsabilidad penal se aprobaron 16, cinco en hospitales del Ministerio de Salud y 11 en el IESS.

Sobre los informes generales, corresponden al hospital Baca Ortiz de Quito, a la adquisición de insumos; al hospital Eugenio Espejo, a los procesos para comprar dispositivos médicos de uso laparoscópico en el área de cirugía; entre otros. Además, a la Dirección Distrital Patate-Pelileo y de Baños.

Otros casos que recibieron informes con indicios de responsabilidad tienen que ver con la compra de mascarillas para el IESS y con la contratación para adquirir 7.000 kits en la administración de Alexandra Ocles en la Secretaría de Riesgos. El próximo 6 de noviembre se realizará la audiencia preparatoria de juicio.

De la corrupción en tiempos de pandemia, los casos que apuntan a los hermanos Salcedo están próximos a concluir. En los contratos del IESS, Contraloría determinó sobreprecios de más del 1.000 %.

Sospechas

Hermanos inmersos en corrupción

Los casos de supuesta corrupción en la venta de insumos médicos a los hospitales públicos alcanzaron a dos familias de hermanos: los Salcedo y los Bucaram Pulley. Para ellos se iniciaron expedientes por los supuestos delitos de delincuencia organizada y asociación ilícita.

Los hermanos Daniel y Noé Salcedo están detenidos. En el caso de los Bucaram Pulley, solo Jacobo Bucaram pudo ser apresado luego de su expulsión de Colombia, país en el que habría estado de forma irregular.