120 votos, “para que no se diga”
La Asamblea aprobó una ley que no le gusta a las bancada. Ni sirve para afrontar la crisis eléctrica ni le hace daño a nadie.
En dos cosas estuvieron de acuerdo todas las bancadas. Una: esta ley económica urgente que terminó siendo aprobada por unanimidad, la segunda enviada por el Ejecutivo para hacerle frente a la actual crisis eléctrica, francamente no sirve para nada. O para muy poco. No, por cierto, para hacerle frente a la actual crisis eléctrica. Así se preocuparon por dejar sentado, salvo los oficialistas, prácticamente todos los 37 asambleístas que tomaron la palabra en las cinco horas que duró el debate.
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Y dos: esta actitud patriótica, ejemplar, abnegada que demostraron los legisladores, de trabajar un domingo en sesión presencial, sacrificando su tradicional fin de semana extendido que, por lo general, empieza el viernes y termina el lunes, es digna de constar en actas, destacarse y aplaudirse por la ciudadanía en su conjunto, que no puede sino rendirse ante semejante evidencia de dedicación y esfuerzo: la Asamblea sí trabaja. Trabaja hasta el domingo “y el pueblo ecuatoriano nos observa”, sacó pechito Jorge Chamba, afín al Gobierno. “Sí trabaja, por lo menos yo trabajo demasiado”, subrayó el socialcristiano Jaminton Intriago.
Con respecto a lo de fondo, es decir la ley para fomentar la participación privada en la transición energética (el título original es el doble de largo pero la idea es esa), se puede decir que fue lo suficientemente inocua como para no molestar a nadie: si no sirve para enfrentar la crisis, tampoco va a hacer daño. Incluye por fin la posibilidad de constituir fideicomisos para administrar las recaudaciones del servicio eléctrico y garantizar con ellas el pago a los inversionistas privados, pero mantiene en líneas generales el modelo estatista del sector energético.
Amplía de diez a cien megavatios la cuota de producción de los privados pero mantiene, por intransigencia del correísmo, la prohibición de concesionar infraestructuras públicas que el mismo Rafael Correa estuvo dispuesto a privatizar cuando se quedó sin plata. Nada de lo cual impidió a los asambleístas de la Revolución Ciudadana, que fueron los que más participaron en el debate, dejar sentada su posición respecto a lo que consideran una ley neoliberal y privatizadora que va a “resolver los negocios de la gallada” y profundizar lo que la presidenta Viviana Veloz, que se reservó a sí misma la última palabra, calificó como “el programado debilitamiento del Estado”.
Nada refleja mejor la tibieza de la ley que el asunto del gas natural licuado. Como fuente de energía más barata que el diésel, que amenaza con escasear en el mercado, la liberación de sus importaciones aparece como una alternativa interesante para afrontar la actual crisis. Pero el correísmo, otra vez, bloqueó la posibilidad de esa reforma, que el asambleísta de esa bancada Blasco Luna calificó como “sinvergüencería”.
En su lugar, se otorgó un plazo de 90 días para abrir un concurso de proyectos para la explotación de gas en territorio ecuatoriano (en el famoso campo Amistad, por ejemplo), lo cual es positivo pero no deja de ser una solución a mediano o largo plazo. Así, lo que la oficialista Valentina Centeno se empeña en seguir llamando “libre importación de gas” será todo menos libre: se aplicará solamente para el autoconsumo eléctrico o la generación para abastecer al Estado.
La falta de transparencia del gobierno de Daniel Noboa en la adjudicación del contrato de construcción de un terminal marítimo para gas natural no ayudó a la causa de la liberalización: según denunció la asambleísta Lucía Posso, el proyecto fue “entregado a dedo” a una empresa, Pacific Terminal, cuyo representante, Bernardo Arosemena, es un destacado ejecutivo de las empresas Noboa. Lo cual termina por justificar la desconfianza de la izquierda.
“Este proyecto no resuelve nada, ningún problema”, insistió Lucía Posso: “En la propia comisión que preside la jefa de la bancada oficialista (Valentina Centeno) se mutiló el proyecto enviado por el presidente de la República”. En la bancada de Construye concuerdan: “Esta ley”, dijo Camilo Salinas, “no va a resolver los problemas de generación en estos momentos. La patria está en tinieblas y la mafia sigue en el Ministerio de Energía: Uquillas (Gonzalo, exgerente de Celec) y Calero (Fabián, viceministro de Electricidad) siguen allí”. Pachakutik dramatizó aún más: “Esta ley lo que promueve es apagones hasta el próximo año”, aseguró Luzmila Abad.
En resumen: nunca una ley que desagrada tanto a tanta gente recibió tan unánime respaldo: 120 votos a favor de 120 asambleístas presentes. “Tenemos que aprobar este mal proyecto para que después no digan que la Asamblea no lo aprobó”, resumió Lucía Posso. Y el socialcristiano Vicente Taiano, tras calificar al proyecto como insuficiente, determinó que “lo que nos corresponde” es aprobarlo: como si fuera una fatalidad ineludible. Hasta Ana Galarza suscribió ese acuerdo tácito. Probablemente ella fue quien con mayor vehemencia fustigó las incapacidades del gobierno: “¡Esas son las consecuencias de poner a los panas y al harem en funciones!”, llegó a decir, hablando de las 14 horas de apagones. Pero en el momento de decidir su voto: “le hemos dado gobernabilidad”, dijo, “y tenemos que seguírsela dando”. Lo de este domingo fue el mayor lavado de manos colectivo de los últimos tiempos.
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