123 tortugas bebés de Galápagos con paradero desconocido

Más de tres años han pasado desde que se reportó el robo de 123 tortugas del Centro de Crianza Arnaldo Tupiza, del Parque Nacional Galápagos (PNG).

Por ese hecho, cuatro personas son investigadas, tras una denuncia presentada en la Fiscalía por el PNG, el 1 de octubre de 2018: Daniel Tenelema, Gustavo Fuente, Édison Martínez y Paúl Tapia.

El 28 de octubre pasado se instaló la audiencia de juzgamiento, que se ha suspendido por dos ocasiones debido a la disponibilidad del tribunal y a la carga de testimonios por evacuar. Dicha audiencia se reinstalará el 19 de mayo en el complejo judicial del centro comercial Albán Borja, en el norte de Guayaquil, según los registros judiciales.

La Fiscalía soporta su acusación en el testimonio y archivos que entregó un guardaparque del PNG, como parte de una investigación interna que se impulsó en ese lugar y reportes de especialistas.

“Consta el informe N.° 43 (del testigo, un guardaparque). Este hace conocer a la Dirección Jurídica y al director del parque (PNG) que informantes que él tiene, le han hecho conocer sobre cómo se llevan las especies del centro de crianza”, se lee en el dictamen del fiscal Christian Fárez, en los registros de la Judicatura.

El testigo menciona a dos pescadores de la comunidad, Gustavo Fuente y Paúl Tapia. A este último, según la investigación, “se le atribuye el hecho de llevar las tortugas de Guayaquil a Lima”. Mientras que a Fuente se lo acusa de una participación “indirecta”.

De acuerdo con los datos proporcionados por el testigo, los animales eran escondidos en barcos, en el área donde se guarda el ancla, con destino a Guayaquil. Desde ahí, las especies eran trasladadas por tierra hasta Lima, Perú, para entregarlas a un ciudadano chino que en esa ciudad acopiaba animales de otros países, para luego embarcarlas en alguna nave, en el Puerto de Callao, que viajaría a Asia. “Una persona de nacionalidad china con quien Paúl Tapia mantiene 88 llamadas telefónicas”, según un reporte del análisis de comunicaciones.

El fiscal Fárez explica a EXPRESO que en la reinstalación de la audiencia, el perito que analizó las grabaciones que entregó el guardaparque presentará su informe y se reproducirán esos audios a los miembros del tribunal penal.

“Un procesado (Paúl Tapia) se atribuye los hechos, el transporte y el traslado de las especies”, indica el fiscal sobre el contenido de un audio que consiguió el guardaparque.

En cambio, en una versión que Tapia dio a la Fiscalía negó haber participado del hecho, aunque dijo que conocía al ciudadano chino, identificado como Antonio, a quien supuestamente vendía pepinos de mar y otros mariscos. Este Diario envió solicitudes de entrevista a los defensores de Tapia y Fuente (rebotó el correo de su abogada), pero no hubo respuesta.

En cambio, Marco Salinas, abogado de Martínez, el dueño de dos barcos, dice que el día en que habría ocurrido el robo, “las embarcaciones de él nunca zarparon o arribaron a la isla Isabela”.

Mientras, el guardaparque, testigo clave que relató detalles de la aparente trama de tráfico de animales, asegura a EXPRESO que ha recibido amenazas, como el mensaje que le llegó a su teléfono de un número desconocido, dos días después de la audiencia de octubre pasado, que hacía referencia a un arma. Esto, dice, lo comunicó a un funcionario de la Fiscalía; y, por ello, agrega, se ha retractado de ciertos detalles que había declarado en su versión original, en una instancia reciente del proceso.

Inicialmente, el Ministerio Público investigó la desaparición de las tortugas como un presunto delito de asociación ilícita. Los guardaparques Fernando Franco y Daniel Tenelema, a quienes se les formuló cargos, fueron sobreseídos por un juez de las islas en 2019.

Pablo Guzmán, abogado de Tenelema, cuestiona la acusación de extracción y comercialización de fauna silvestre que pesa sobre su defendido “porque no se ha podido probar” su participación en el hecho y que también existiría un doble juzgamiento: “Cosa que está prohibida dentro del COIP y la Constitución. Nadie puede ser investigado y juzgado más de una vez por el mismo hecho”.

Tenelema reportó la desaparición de los animales a las autoridades de turno del PNG cuando cubría a un compañero -que salió de vacaciones- que trabajaba en el área de crianza de tortugas de isla Isabela, según la investigación.

En ese lugar había registros de las especies sin el detalle necesario e inconsistencias en el conteo de los individuos, tampoco había seguridad, de acuerdo con el informe de dos especialistas. En 2018, un reporte del entonces Ministerio del Interior también detallaba las vulnerabilidades de varias instalaciones del parque.

El actual director del PNG, Danny Rueda, quien dirigió el área de Ecosistemas hace unos años, dice que no cuentan con algún dato de dónde podrían estar las tortugas. No obstante, él afirma que se mejoraron las seguridades en los centros de crianza, por $ 300 mil (Isabela, Santa Cruz y San Cristóbal).

“Se han puesto sensores de movimiento con iluminación, mallas. Se renovó la infraestructura de los corrales y un vallado que cubre el área de incubación”, detalla Rueda, quien añade que esos recursos los recibieron del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

Sobre el registro diario de las tortugas bebés y juveniles, Rueda asegura que la información del monitoreo, pesaje y medición de los individuos se anota en actas y con esos detalles se alimenta una base de datos, en los centros de crianza de Isabela y San Cristóbal. En Santa Cruz, en cambio, el conteo es trimestral, porque ahí es numerosa la población de los reptiles. Al 28 de marzo, en los tres centros de crianza había 2.302 tortugas, entre neonatos, juveniles y adultos: San Cristóbal, 163; Isabela, 965; y Santa Cruz, 1.174.

OTROS CASOS

• BALTRA

En marzo de 2021, un policía fue detenido por intentar sacar de las islas 185 tortugas, en el aeropuerto.

• PIURA

En abril de 2017, 29 tortugas fueron decomisadas en la vía a Piura (Perú), embaladas con cinta adhesiva.

• GUAYAQUIL

En julio de 2017, 2 tortugas fueron halladas en un tacho de basura del aeropuerto José Joaquín de Olmedo.