17 binomios para volar el país en pedazos

Iván Saquicela, por Democracia Sí; Eduardo Sánchez, por Reto; Víctor Araus, por Pueblo, Igualdad y Democracia; Luis Felipe Tillería, por Avanza; Juan Iván Cueva, por el Movimiento Amigo; Francesco Tabacchi, por CREO… Nombres y siglas que (salvo la última, la del expresidente Guillermo Lasso, que el país asocia con el fracaso) no le dicen nada a nadie. Y no se supone que lo hagan, casi mejor que no: no están ahí para ganar. Habría que dudar seriamente de la inteligencia de estos caballeros si creyeran de verdad que tienen una remota posibilidad de pasar a la segunda vuelta: salvo un milagro, no la tienen. Y lo saben. Deben saberlo. Probablemente, con un poco de saludable honestidad consigo mismos, algunos de ellos se están planteando el techo del tres por ciento de la votación como una meta alcanzable: sería un éxito rotundo. Sin embargo, el simulacro (insano, hipócrita, enfermizo) que proponen al país, es el de pretender que tienen las mismas posibilidades de ganar que cualquier otro. Y dicen: cuando yo sea presidente tomaré medidas enérgicas para blablablá, lo que sea. Y los medios de comunicación, obligados por la ley, han de tratarlos como si fuera cierto.

Es la primera gran perversión de este sistema electoral y, aunque no suela hablarse de esto, el primer y mayor daño infligido al debate público: la imposición de la hipocresía obligatoria en la conversación nacional. Un artículo no derogado ni reformado de la Ley de Comunicación, un rezago de los tiempos oscuros que nadie ha querido tocar, impone a los medios la obligación de otorgar a cada candidato el mismo espacio y la misma cobertura, como si los firmes aspirantes a pasar a la segunda vuelta tuvieran la misma importancia editorial que aquellos que no llegarán al tres por ciento y no les importa porque están ahí por otra cosa. ¿No es hipocresía?

17 candidatos. Colombia, con casi el triple de la población (51,8 millones) tuvo algo menos de la tercera parte en sus últimas elecciones: cinco candidatos. Un número razonable. Y manejable. Porque ¿cómo se administra, cómo se debate, cómo se discierne una elección con 17 candidatos, más de la mitad de los cuales no compiten para ganar, son completamente desconocidos aun para los ciudadanos informados y están siendo auspiciados por movimientos a los que no pertenecen y que nadie ha oído nombrar desde la elección anterior? El debate oficial de candidatos, por ejemplo, ¿cabe esperar que sirva de algo? Considérese el ridículo criterio de igualdad de condiciones que han venido manejando los organizadores de ese debate, criterio según el cual lo importante es que cada candidato, tenga o no tenga qué decir, disponga exactamente del mismo tiempo para decirlo. En las elecciones pasadas, con ocho candidatos, cada uno habló por seis minutos con diez segundos. ¿Cuánto les corresponderá ahora, que son más del doble? ¿Menos de la mitad? Y mientras nos resignamos a escuchar los delirios de Pedro Granja, el debate entre Daniel Noboa, Luisa González y Henry Cucalón (por nombrar a tres que no solo tienen posibilidades sino intenciones de ganar) no se producirá nunca. Porque el sistema electoral que impone la hipocresía obligatoria reemplaza lo relevante por la basura.

Si más de la mitad de los candidatos no se plantea ganar, ¿por qué participa? Para empezar, están los fondos de campaña que entrega el CNE y les permiten darse a conocer y, por ejemplo, afianzar su condición de caciques locales con los que el nuevo presidente, aquel de los 17 que gane las elecciones, tendrá que negociar sí o sí cuando necesite un espacio de gobernabilidad, es decir, un respiro. Sobre todo si, aparte del tres por ciento de la votación nacional, se ha conseguido el respaldo suficiente en una o dos provincias para asegurar uno o dos asambleístas que pasarán a engrosar el vergonzoso mercado de las minorías móviles (siempre se habla de las mayorías móviles como una solución efectiva para los problemas de la gobernabilidad, pero se suele olvidar que estas dependen de la existencia de un puñado de asambleístas sueltos puestos en venta). Así, las elecciones en el Ecuador no son otra cosa que un magnífico proyecto de ingobernabilidad financiado con plata pública: uno de los 17 resultará electo presidente y los otros 16 tratarán de empoderarse lo suficiente para no dejarlo gobernar. De eso se trata todo y es eso lo que estamos financiando cuando ponemos 323.207 dólares en el bolsillo de cada candidato, que es lo que les corresponderá este año si efectivamente terminan siendo 17: la ingobernabilidad del país.

Perfectamente funcionales a este sistema electoral, es decir, a este proyecto de ingobernabilidad nacional, son los centenares de partidos y movimientos políticos que aspiran a llevar tajada aunque sea mediante alianzas. ¿Qué son estos partidos? Son entidades ( no organizaciones) ficticias, sin ninguna actividad política entre elección y elección. Entidades que no acompañan los procesos del país, no piensan la coyuntura, no planifican el futuro, no tienen propuesta alguna sobre tema alguno. Y de eso, exactamente de eso se trata: de no tener posición alguna, idea alguna, propuesta alguna. Porque solo así los puede alquilar cualquiera, que para eso están. El movimiento Amigo, por ejemplo, ¿cómo podría pasar del corrupto Daniel Mendoza al oportunista Pedro José Freile, luego al delirante Bolívar Armijos y terminar auspiciando a un tal Juan Iván Cueva, de identidad desconocida, si no fuera precisamente porque el movimiento Amigo no es nada, nada en absoluto? Y Centro Democrático, de Jimmy Jairala, ¿cómo conseguiría pasar del guacharnaco Luis Almeida al oscuro José Serrano si no fuera porque es un cascarón vacío? Las ideas, las propuestas, las posturas son para quienes quieren gobernar, dice la mayoría de los 17 candidatos de estas elecciones: a nosotros no nos pidan nada de eso. Lo nuestro es el desgobierno.

Cascarones

Si los partidos existen para que los alquile cualquiera, entonces su identidad consiste en no tener ninguna: ni una sola idea ni una sola posición ni un solo proyecto.

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