El 20 de marzo será la audiencia por la acción de protección de Diego Ordóñez
Un tribunal negó el pedido de medidas cautelares con el que buscaba la suspensión del trámite del juicio político
El tribunal de Garantías Penales con sede en Quitumbe, al sur de Quito, negó el pedido de medidas cautelares que solicitó Diego Ordóñez, secretario de Seguridad del gobierno del presidente Guillermo Lasso en una acción de protección presentada el lunes.
Los jueces Juan Tenesaxa (ponente), Juan Carlos Méndez y Adrián Francisco Bonilla convocaron para el 20 de marzo a las 08:00 para que se realice la audiencia oral a la cual las partes acudirán con los elementos probatorios de los que se crean asistidos para determinar los hechos y sustentar sus argumentos.
Diego Ordóñez acude a la justicia para frenar proceso de juicio político
Leer másLa diligencia se desarrollará en la sala de audiencias No. 107 del Complejo Judicial de Quitumbe, ubicado en la Av. Lira Ñan y Otoya Ñan, junto al Cuerpo de Bomberos, en el sur de Quito.
Ordóñez había alertado a través de su acción constitucional de una posible amenaza de vulneración de derechos constitucionales, sin que exista vía administrativa o judicial y con el fin de cesar la grave e irreversible la amenaza de violación de derechos constitucionales señalados previamente “se disponga al presidente de la Asamblea Nacional de suspender el trámite de juicio político que no ha cumplido con el debido proceso y derechos protegidos por la Constitución”. También pedía que forma conjunta a la Comisión de Fiscalización a través de sus miembros, suspendan y se abstengan de conocer y continuar con el proceso del cual ha resultado esta vulneración de derechos.
Pero el tribunal no le concedió la medida aclarando que eso no constituye prejuzgamiento sobre el fondo del litigio constitucional ni tendrá valor probatorio en la referida acción.
Inseguridad, María Belén Bernal y cárceles son las causales que motivaron la posible interpelación. El martes Ordóñez dijo a EXPRESO que se le sigue un juicio político sin firmas suficientes. Habló de una "violación grosera de procedimiento. En primer lugar, se envió expediente desde el CAL con 33 firmas y luego se completó por un supuesto error. Luego 5 asambleístas retiran las firmas, antes que se califique en Comisión de Fiscalización".