En 2020 hubo al menos 15 asesinatos a miembros de la comunidad LGBTI en Ecuador

El 31 de marzo de 2021, miembros de la comunidad LGBTI (Lesbiana, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex) realizaron un plantón pacífico en las afueras de la Fiscalía de la Merced, en el centro de Guayaquil. Pedían que se inicie la investigación por los asesinatos de al menos 15 miembros del colectivo, que aún no han sido esclarecidos y que ocurrieron en 2020. Con esta actividad, conmemoraron el Día Internacional de la Visibilidad Trans.

Con banderas de arcoíris, cruces negras de cartón y fotografías ampliadas de las víctimas, alzaban su voz y pedían justicia. De los 15 asesinatos, 10 han sido a mujeres trans y los 5 a hombres gais. La cantidad de homicidios no esclarecidos del 2019 fue de 16 casos. Es decir, la reducción de los delitos es poco significativa.

“Los datos evidencian que las mujeres trans son las más discriminadas y violentadas, por exponer más, nuestra orientación sexual. Las trans femeninas somos ' etiquetas ambulantes'. Por eso el Día de la Visibilidad Trans es muy importante para nosotras, para mantener nuestro discurso de ser una mujer trans y no pasar desapercibidas dentro del sistema social, para que el resto de la gente nos reconozca como tal y respete nuestras vidas”, enfatiza Diane Rodríguez, psicóloga y presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, quien lideró la manifestación.

Es que, pese a que la Constitución establece en su artículo 11, numeral 2, que nadie puede ser discriminado por su identidad de género o sexo, los asesinatos a miembros de la comunidad LGBTI, en Ecuador continúan.

La cifra de estos homicidios no esclarecidos corresponde a los resultados del informe anual Runa Sipiy (que en Quechua significa asesinatos), en el que participan el Centro Psico Trans de la Asociación Silueta X; la Asociación Transmasculinos Ecuador; las organizaciones trans de la Plataforma Nacional Revolución Trans; las organizaciones que conforman la Federación ecuatoriana de organizaciones LGBTI y algunos aliados organizacionales. Ellos se basan en cifras de la Fiscalía, avisos y denuncias en las mismas organizaciones.

Este informe es sobre asesinatos, muertes violentas no esclarecidas, muertes sospechosas de criminalidad, intentos de asesinatos, secuestros y torturas, referidos a las poblaciones defendidas: trans y LGBT, que se realiza desde hace siete años, con la finalidad de llevar un conteo de la violencia a esta comunidad en Ecuador.

Entre estos 15 asesinatos está el de un joven gay estudiante de medicina, que fue apuñalado 89 veces; de una mujer trans asesinada por su pareja de 8 años de relación; y el de una mujer trans de la tercera edad, a manos de hombre extranjero. El último reporte de casos se dio hace dos días. Se trató del asesinato a una mujer trans, con un tiro en la cabeza, en la cuarentena, en una zona rural del país. La Fiscalía no ha iniciado ningún tipo de investigación sobre el caso, menciona Diane a EXPRESO.

“Le que pedimos al gobierno y al próximo que venga, independientemente del que sea, que más allá de las propuestas a favor de nuestra comunidad, estas se materialicen”, destaca la activista.

Es que la discriminación hacia esta comunidad no solo viene de la ciudadanía en general, sino que también desde las mismas autoridades y gobierno, detalla. Sucede, por ejemplo, con el derecho a la identidad de género, a nivel nacional, en el Registro Civil, por el que luchó hace 5 años esta comunidad y aunque sí logró que se reconozca, sólo se cumple en una forma parcial.

“El año 2016, nosotros, con mucho esfuerzo, logramos que se reconociera el género en la cédula de identidad. Sin embargo, solo en cuatro ciudades los miembros de la comunidad pueden cambiar su nombre y el género con el que se identifiquen, en las sedes del Registro Civil. Estas ciudades son Guayaquil, Quito, Machala y Cuenca. ¿Qué pasa con el resto de ciudades? Si ya logramos que por ley sí podemos hacer este cambio, porque en la mayor parte del país aún no se materializa”, cuestiona Rodríguez.

Y no solo eso, enfatiza, pues en las ciudades donde sí se habilita el cambio de género en la cédula, hacerlo, les cuesta más que renovar el documento. “Renovar la cédula cuesta $ 15 y a nosotros, por hacer el cambio de género, nos cuesta $ 37”, compara. Y es que el precio les afecta, porque según un estudio de la Prefectura de Pichincha, a inicios de marzo de este año, el índice de pobreza de esta comunidad bordearía el 55 %.

Que el Registro civil no les habilite el cambio de género o el costo significa, para muchos miembros de esta comunidad, en una barrera para hacerlo, les lleva a otro punto de vulnerabilidad y discriminación, especialmente para las mujeres trans: hacer la fila en el grupo de género masculino para las votaciones, luciendo y vistiendo diferente.

En el informe del Runa Sipiy, además se detalla, que es Guayas la provincia donde más asesinatos se han dado, con el 43 % de los casos. Le sigue Pichincha con el 21 % y Los Ríos con el 14 %. Incluye que se registraron 8 amenazas de muerte, 5 secuestros y torturas y 4 intentos de asesinatos. Cifras, que los miembros de esta comunidad anhelan reducir a cero, a partir de este 2021, con el apoyo de políticas públicas que pueda crear y favorecerles el próximo gobierno.