El 2022 agravó un quinquenio de violencia contra la mujer
En cinco años los femicidios se triplicaron Este fue el año con más casos Expertos señalan a la ausencia del Estado y la poca ejecución de presupuesto
Las están matando. El 2022 cerrará como el año más sangriento para las mujeres ecuatorianas en el último quinquenio (cinco años). Una realidad que enfrenta ambigüedades en las cifras y que, según expertos en lucha contra la violencia de género y derechos humanos, tiene como principal responsable al Estado que, pese al discurso y más de una acción “epidérmica”, no logra mermar los sostenidos casos de femicidios.
Las cifras así lo demuestran. Según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea), desde el 2018 hasta la primera quincena de noviembre de 2022, los casos de femicidios se triplicaron en el país. Hace cinco años, la oenegé reportó 88 muertes de mujeres bajo esta tipificación a nivel nacional, mientras que ahora registra el asesinato de 184 féminas más, es decir, 272 en total.
Un incremento sostenido (ver gráfico) que para Ana Vera Sánchez, exdirectora y actual coordinadora del área de litigio del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna, responde a una serie de factores, pero que tienen como común denominador al Estado.
“El aumento responde a la naturalización de la violencia, a la falta de una política de prevención, al cambio de patrones de la sociedad y a la falta de garantías de que no existirá impunidad en estos casos”, indica y señala que para el gobierno de Guillermo Lasso este no es un tema prioritario, pese al simbolismo de la creación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tras el femicidio de María Belén Bernal.
Esto se puede observar, por ejemplo, en la baja ejecución presupuestaria que Paola Flores, actual ministra de Mujeres y Derechos Humanos, reportó en septiembre de 2022. Hasta esa fecha, de los $ 24 millones asignados a la cartera de Estado para proyectos que eliminen la violencia contra la mujer, apenas se había ejecutado un 25 %, es decir, alrededor de $ 6 millones que fueron utilizados en “proyectos de inversión”.
Este Diario intentó comunicarse con el flamante Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para actualizar la cifra de la ejecución presupuestaria de este rubro, pero no ha habido respuesta del equipo de Comunicación de dicho ministerio a los requerimientos planteados.
(La lucha contra el femicidio) no depende de recursos, que sí hay, sino de la voluntad de ejecutar la política pública y la presencia del Estado se haga sentir.
La falta de voluntad política y la “holgazanería” de los recursos asignados, según Consuelo Bowen, expresidenta del Consejo para la Igualdad de Género y actual coordinadora de servicio legal del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), conllevan a que las acciones en contra de la violencia de género no tengan ninguna incidencia y que, incluso, se disminuyan las políticas enfocadas en la igualdad y prevención de la violencia de género.
“Tener presupuesto no implica que haya voluntad de ejecutarlo”, destaca e increpa al Gobierno, indicando que la permanencia de Flores al frente de dicha cartera de Estado no solo implica indolencia ante “los cuerpos de las mujeres asesinadas, (...) sino que da cuenta de la poca voluntad (del Ejecutivo) de hacer las cosas bien”.
La creación del Ministerio de la Mujer me parece bien como medida simbólica, pero de nada servirá el cambio de nombre si no viene con un cambio de políticas.
Estado que tiene una perspectiva completamente distinta de la situación de los femicidios en el país (ver gráfico). Según cifras del Consejo de la Judicatura, en los mismos cinco años, de 2018 a 2022, apenas aumentaron nueve casos de mujeres asesinadas por razones de género. Cifras que dan cuenta de un subregistro que no permite ver la real situación de peligro que viven las mujeres en el país.
A la falta de voluntad política y la baja ejecución presupuestaria, Billy Navarrete, director del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, agrega la ausencia del Estado en las comunidades más excluidas del país. “Hay un desmonte o abandono de las instituciones públicas luego de la crisis de la pandemia”, anota y señala que ese escenario es propicio para que la violencia prime.
Tener recursos no implica que haya la voluntad para ejecutarlos. La inacción del Gobierno no solo es indolencia, sino una clara falta de voluntad ante los femicidios.
“No se trata de recursos, ya vemos que eso sí hay”, continúa Navarrete y, al igual que Sánchez y Bowen, destaca que el inicio de la solución al aumento indiscriminado de los femicidios pasa por una correcta implementación de las políticas de erradicación de la violencia de género por parte del Estado. Sin embargo, apunta que las acciones del Gobierno, como la creación del Ministerio de la Mujer, están “vacías y con poca visibilidad en los hechos, en la práctica y la cotidianidad”.
Unos “globos de ensayo”, como los califica, que poco o nada hacen para mermar, de manera efectiva y constante, la creciente ola de femicidios que tiñen de sangre al país.
