205 páginas para el basurero del caso Isspol

Es un informe fallido. Probablemente el peor del periodo parlamentario que está por terminar, lo cual no es decir poco. A tal extremo que sus firmantes, los miembros de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presas quizá de un explicable sentimiento de bochorno, han preferido no publicarlo, no enviarlo al Pleno para su conocimiento, no distribuirlo entre el resto de legisladores, no anunciarlo siquiera. De hecho, nadie lo conoce. Hasta la cuenta de Twitter de la Comisión, que en circunstancias normales recoge puntillosamente cada detalle de cada sesión de trabajo, omitió toda noticia de esta, la que estaba llamada a convertirse en una de las más importantes del año: la sesión del 29 de abril, en la que se aprobó, con diez votos a favor y solo uno en contra, el titulado “Informe de fiscalización sobre el presunto manejo irregular de inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional”. El caso Isspol, ni más ni menos. Tardaron ocho meses en parirlo y ahora prefieren guardárselo porque no sirve, literalmente, para nada: no toca a nadie, no incomoda a nadie, no descubre un solo hecho o dato relevante y está plagado de imprecisiones.

Son 205 páginas de redacción tan deficiente que se torna incomprensible, con 66 conclusiones (o 65, o 72, según se considere la versión que se envió a los integrantes de la Comisión, la que se leyó en la sesión o la que apareció más tarde) y 33 recomendaciones, entre las cuales figura la de enviar el informe a la Fiscalía y a la Contraloría. Pero, ¿qué utilidad puede tener ahí un documento cuyos redactores (el presidente de la Comisión, Fernando Flores, y su equipo de trabajo) no entendieron ni siquiera los conceptos elementales del caso?

Incursionar en las honduras del mercado de valores sin conocer cuestiones tan básicas como las funciones de los organismos de control; afirmar, por ejemplo, que la Superintendencia de Compañías supervisa al Banco Central; confundir las figuras de custodio y estructurador de operaciones; de ente controlador y ente gestor; omitir detalles importantes sobre la operación de las casas de valores involucradas; hablar confusamente de una coordinación entre ministerios sin describir en qué consiste... Hasta la tarde del viernes, este Diario trató de comunicarse con el asambleísta Flores para preguntarle el origen de estas inconsistencias que desacreditan su informe, pero su teléfono permaneció apagado.

Esta historia comienza en septiembre del año pasado con un gran equívoco: la decisión del Pleno de la Asamblea de encargar la investigación del caso Isspol a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. ¿Por qué a ella? ¿Por qué no a la de Fiscalización, que tiene protocolos establecidos para el control político y donde se habría fijado un plazo razonable para emitir un informe? ¿Por qué no a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, cuyos integrantes se supone están más enterados de los temas relacionados con fondos previsionales? ¿O a la de Régimen Económico, por último, con su equipo de especialistas en finanzas públicas? “No quiero pensar mal -reflexiona el asambleísta César Carrión dando a entender exactamente lo contrario- pero se disolvió la importancia del tema”. Él tenía listo un pedido para que las autoridades implicadas en el caso Isspol comparecieran ante el Pleno. Pero Fabricio Villamar se le adelantó con una propuesta para que fuera la Comisión de Soberanía la que se hiciera cargo del tema. Y así fue. Tanto Villamar como Carrión son miembros de esa Comisión. Carrión, coronel de Policía al fin y al cabo, fue el único que votó en contra del informe.

A lo largo de ocho meses de revisar documentos y recabar testimonios, la Comisión acumuló suficiente información para establecer, cuando menos, indicios de responsabilidad política y, sobre todo, un esquema básico sobre el tipo de operaciones fraudulentas materia de la investigación. Pero no hizo ni lo uno ni lo otro. El informe recoge, por ejemplo, la comparecencia del ministro de Gobierno Patricio Pazmiño, del 22 de febrero, quien explicó claramente el esquema de negociación irregular de bonos a través de Citibank, pero no considera esa información ni para el análisis ni para las conclusiones. Del mismo modo, la Comisión conoció una serie de indicios que resultan comprometedores para el Ministerio de Finanzas (la certeza de que Citibank debió contar con su autorización para realizar esas operaciones; la carta en la que el director de esa institución financiera, Robert Pollack, se lo confirma a la ministra María Paula Romo...), pero en lugar de seguir esas pistas decidió, simplemente, abandonarlas. Y cuando el subsecretario de Financiamiento Público, Francisco Hidalgo, incumplió su ofrecimiento de enviar una copia de los acuerdos entre Finanzas y el Citibank, que habría bastado para aclarar el asunto, la Comisión no solo que no insistió sino que omitió este detalle del informe, como si fuera irrelevante: Hidalgo no aparece ni siquiera mencionado.

En resumen: tras ocho meses de supuestas investigaciones, la Comisión parlamentaria no pudo o no quiso entender la dimensión del esquema de corrupción que tenía por delante, sus ramificaciones internacionales, sus implicaciones financieras. Trata un sistema de lavado de dinero como si fuera un simple fraude de caja chica. Como si la justicia de Estados Unidos no hubiera ya descubierto de qué va la cosa. Y concluye con generalizaciones tan inservibles como la de afirmar que “cada ente de control no ha realizado a cabalidad con cada una de sus funciones”. Obvio. Pero ¿cómo?, ¿quiénes?

Patricio Rivera, José Serrano, Soad Manssur... Comandantes de Policía, ministros de Finanzas y de Gobierno, superintendentes de Bancos y de Compañías... Los nombres que al coronel César Carrión se le vienen a la cabeza y que no están señalados en el informe con indicios de responsabilidad política (que para eso sirve un “informe de fiscalización”) son numerosos y, en algunos casos, evidentes. Ni siquiera se preocupó la Comisión de establecer una lista de funcionarios que ocuparon los cargos relacionados con el caso durante el periodo investigado. La que preparó Carrión no fue incluida en el informe. Así que ocho meses de recabar testimonio y juntar documentos sobre el esquema de corrupción más descomunal y sofisticado de los últimos tiempos conducen a esto: a un informe que no sirve para iluminar el caso, pues el periodismo ha descubierto más; ni para que los ciudadanos se orienten, pues no se publicará; ni para que el Pleno de la Asamblea tome decisión alguna, pues no lo conocerá; ni para que la Fiscalía lo use como insumo, pues no dice nada que ello no sepa. El informe sobre el caso Isspol de la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad de la Asamblea es el digno colofón de una legislatura desprestigiada: ocho meses de trabajo para nada.

Un paso atrás en transparencia

Un reciente cambio de procedimientos contribuye a la opacidad en la Asamblea. Hasta el mes pasado, las secretarías del Pleno y de las comisiones remitían a sus miembros, junto con las convocatorias a sesiones, los documentos necesarios (informes, proyectos de ley o lo que fuese) en formato PDF. Hoy, en su lugar, los asambleístas reciben un link. La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales acaba de demostrar que este mecanismo puede servir para introducir cambios inadvertidos y no consensuados en los documentos. El informe del caso Isspol, por ejemplo, fue alterado en tres ocasiones: primero se publicó uno con 65 conclusiones; luego otro con 66; más tarde, en la sesión, se dio lectura a un tercero, con 72; luego se repuso el anterior. Los integrantes de la comisión no saben a ciencia cierta cuál es el definitivo.