Las 21 bajas militares de la tensión política entre FF.AA y el gobierno
En 12 meses, la Marina perdió a 11 almirantes por los abruptos cambios de mando. El ejército y la FAE tuvieron 10 salidas forzadas.
El 22 de diciembre de 2015, el presidente Rafael Correa designó al nuevo comandante de la Marina. Luis Santiago reemplazó al vicealmirante Luis Jaramillo, quien fue el último de esa fuerza militar que cumplió los dos años en el cargo, que es el máximo tiempo que establece la ley.
A partir de allí, los cambios de la cúpula naval han sucedido en intervalos de tres y cinco meses que, al cabo de un año, han dejado fuera a once vicealmirantes y contralmirantes. Todos ellos, oficiales superiores con 33 y 36 años de permanencia en la Armada, que hace una semana se quedó con solo nueve contralmirantes.
Aunque en menor grado, el Ejército y la Fuerza Aérea también han perdido a diez altos oficiales -21 en total en las tres ramas- por los inesperados cambios de mando, en los que el presidente Rafael Correa ha escogido siempre al menos antiguo de las ternas que le ha presentado el ministro de Defensa, Ricardo Patiño.
En el último revelo de la cúpula de la Marina, el mandatario emitió dos decretos con los que dejó fuera a tres vicealmirantes y dos contralmirantes en un solo día, sin incluir al jefe del Comando Conjunto, que también es marino, ahora en proceso de disponibilidad.
La tensión política, entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, especialmente el alto mando naval, ha estado marcada por tres circunstancias expuestas públicamente en los últimos 24 meses.
La primera es la ya ejecutada devolución de 41 millones de dólares del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) al Gobierno, por la supuesta sobrevaloración de los terrenos donde hoy está el parque Samanes.
La segunda, la decisión del Gobierno de establecer, a través de decretos, nuevas normas en las unidades militares. El Gobierno asegura que son para establecer la igualdad entre oficiales y tropa y, los militares, que se intenta enfrentarlos y desintitucionalizarlos.
La tercera circunstancia es la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que ha recibido múltiples rechazos y que ha llevado a decenas de militares pasivos a presentar demandas de inconstitucionalidad.
En enero de 2016, en la ceremonia de cambio de mando entre Jaramillo y Santiago, el presidente dijo que en democracia los civiles definen la política de la defensa, pero sin suplantar a las Fuerzas Armadas.
Un mes después se registraba el primer e inesperado cambió de los cuatro comandantes del alto mando por expresar su defensa a los dineros del Issfa.
Cuatro meses más tarde, no solo que se relevó al comandante de la Marina, Ángel Sarzosa, por pedir la rectificación de una sabatina, sino que el Ministerio de Defensa solicitó al nuevo mando la integración de seis consejos de disciplina para sancionar a igual número de oficiales de menor rango, porque contestaron la carta que el presidente Rafael Correa les envió a sus correos personales.
La falta de disciplina atentatoria, de la que fueron acusados, fue exculpada por los consejos de disciplina, pero sancionada en los casos de los capitanes Edwin Ortega y Luis Peñafiel, por segundos consejos de oficiales integrados por mandato de jueces constitucionales que acogieron la acción de protección que presentó el presidente Correa contra las resoluciones anteriores.
El capitán Ortega, quien batalló cinco meses a través de las distintas instancias militares para evitar la sanción, recién terminó el viernes de cumplir el arresto de rigor de diez días que le fue impuesto.
Peñafiel y los otros cuatro marinos también fueron sancionados, pero con menos días de arresto simple, que cumplieron hace meses.
Ahora, quien podría enfrentar un consejo de disciplina, por primera vez en la historia militar del Ecuador, es el general del Ejército Luis Lara. Él, ubicado en el puesto doce del consejo de generales, comanda uno de los cuatro grupos operacionales de las Fuerzas Armadas. Pero no fue como comandante, sino como afiliado al Issfa que presentó una de las decenas de demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que ha volcado a las calles la protesta de los militares en servicio pasivo.
Tanto el presidente Correa como el ministro Patiño han hablado de sancionar lo que ellos consideran indisciplina en las Fuerzas Armadas. Y según ellos, fue por indisciplina que se relevó recientemente a la cúpula militar. Pero ni el ministro ni el presidente han explicado cuál fue el acto indisciplinario de los altos oficiales.
