El 21 de octubre se formularán cargos para el exsecretario de Salud Lenin Mantilla
La Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal que se envió a la Fiscalía. Esa instancia abrió una investigación por peculado
El juez Máximo Ortega convocó para el 21 de octubre la audiencia de formulación de cargos en contra del exsecretario de Salud del Municipio de Quito Lenín Mantilla y otros por el presunto sobreprecio en la adquisición de 100.000 pruebas PCR, durante la pandemia de coronavirus.
El pedido lo efectuó la fiscal Ruth Amoroso que llevó adelante la investigación previa del caso. La diligencia fue programada para las 10:00 en el cuarto piso del Complejo Judicial Norte de Quito. Además de Mantilla serán procesados Diego Salazar, Simón Valencia, José Morales, Iván Manzano, Enrique Bucheli y Juan Vinelly.
El juez dispuso que de no concurrir las partes procesales con su abogado defensor la diligencia se cumplirá con la presencia del defensor público penal. Y, en el caso de no asistir el fiscal titular solicitó que la Fiscalía que designe otro agente en su remplazo. El juez indicó que, por encontrarse en grupo vulnerable presidirá la audiencia de manera telemática. Dejó abierta la posibilidad también que las partes que por resguardar su salud no puedan asistir de forma presencial lo hagan a través de la plataforma Zoom.
A finales de julio la Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal en la adquisición de 100.000 pruebas PCR para detectar COVID-19 que llevó adelante la Secretaría de Salud, dirigida por Mantilla, en abril pasado. La Contraloría remitió el informe a la Fiscalía que inició un expediente por peculado.
Los auditores de la Contraloría hallaron al menos cuatro inconsistencias en el proceso de compra. Una de ellas señala que Mantilla no presentó el plan de contingencia que fue requerido por el alcalde capitalino Jorge Yunda para determinar las características de la necesidad. Por ejemplo, la compra se hizo sin tener claros los objetivos, el número de pruebas que se aplicarían y la capacidad para el procesamiento de los resultados.
Además, no se incorporó un análisis comparativo de los artículos y precios ofertados a la Secretaría para establecer de forma adecuada el presupuesto referencial.
La Comisión Técnica de la Secretaría habría recomendado que se firme el contrato con la empresa ganadora a pesar que hizo la oferta más cara.
En junio el exfuncionario se defendió de las acusaciones. Afirmó que la adquisición de pruebas fue transparente y negó un sobreprecio. Precisó que la Secretaría envió invitaciones a varios oferentes pero no todos cumplieron con los requisitos de la Ley de Contratación Pública. Manifestó que Salumed fue la única empresa que cumplió con todos los documentos.
El exfuncionario recalcó a inicios de junio su calidad de médico y que su trabajo es con vidas y que un error puede afectarlas. Ahí la razón por la que debían comprar las pruebas que se ajusten a los requerimientos indispensables. "No es cualquier cosa que estábamos comprando, son pruebas biomoleculares", añadió.
Además de la Secretaría de Salud existen otras dependencias municipales en las que se investigan posibles irregularidades en las adquisiciones durante la pandemia. Se trata de la Empresa de Aseo y la Empresa de Agua Potable.
