![Rueda de prensa.](https://imagenes.expreso.ec/files/image_440_279/uploads/2024/07/15/66958329ca369.png)
218,000 artículos incautados podrían ser reutilizados, según ministro de Defensa
El ministro exhortó al sistema de justicia que se haga uso de los mecanismos legales para apoyar las fuerzas del orden
En rueda de prensa del Bloque de Seguridad, cuya base está en Manta, Manabí, desde el pasado 6 de junio, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, se refirió a la Ley de Extensión de Dominio y realizó un exhortó al sistema judicial y sus operadores.
Loffredo dijo que existe un marco legal que permitiría que lo incautado a los grupos terroristas, puedan ser utilizados por Fuerzas Armadas y Policía Nacional para el combate contra la inseguridad.
“En este 2024 se han incautado 218.000 recursos de origen ilícito armas, municiones y maquinaria ilegal que pudiera estar al servicio de la ciudadanía. Quiero exhortar al sistema de justicia y operadores a que de manera urgente se haga uso de este mecanismo para apoyar las Fuerzas del orden”, exclamó.
El ministro dijo que es el momento que la voluntad demostrada por el Bloque de seguridad de vencer el miedo y enfrentarse de manera directa con la delincuencia organizada sea compartida por el resto de los poderes del Estado.
Antecedentes
Con 129 votos (de 129 legisladores presentes), la Asamblea Nacional acogió el informe de la Comisión de Régimen Económico y aprobó el pasado 8 de febrero de 2024, en segundo debate el proyecto de Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción.
En la disposición general única de la norma se establece que, todas las armas que fueren incautadas, confiscadas o decomisadas por autoridad competente en delito flagrante, serán destinadas a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas para la seguridad interna del país.
Además, la ley permite el decomiso de todo bien, maquinaria, equipo, insumos y vehículos que se encuentren utilizados por la minería ilegal, los cuales podrán ser usados de forma inmediata en procesos de remediación ambiental o prevención de riesgos, sin previa autorización judicial.
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