25.000 afectados tras la rotura del ducto petrolero
Un reporte de Gestión de Riesgos le pone cifras a las secuelas ambientales del derrame en la Amazonía. Petroecuador concluyó las variantes del SOTE
Después de seis meses de trabajo y paralizaciones eventuales que siguieron luego de la rotura de un tramo de tubería a causa del proceso erosivo del río Coca, el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) recuperó plenamente su operatividad en la zona de San Rafael, en la provincia de Napo.
Pero la catástrofe natural ocurrida en esa zona de la Amazonía deja un costo ambiental y humano, cuyos planes de remediación aún no concluyen.
El pasado 15 de octubre, Petroecuador culminó en el sector de El Chicharrón un trazado de 735 metros de tubería, que corresponde a la última de cuatro variantes que se construyeron en el área afectada, ademas de un baipás eventual de 220 metros para que la operación del SOTE no se paralice.
El costo de los trabajos efectuados por la estatal petrolera supera los $ 5 millones (no incluye la cuarta variante), que se desglosan así, según un detalle entregado a EXPRESO: la variante 1: $ 2’016.939,15; la 2 y 3: $ 2’702.523,96; el baipás: $ 732.717,25.
Las tres primeras variantes, una de 1,8 kilómetros y dos adicionales de 680 y 380 metros, fueron útiles para alejar el tubo entre 200 y 400 metros del cauce del río.
La rotura de los tubos del SOTE, del OCP y del poliducto Quito-Shushufindi, el pasado 7 de abril, provocó el derrame de unos 15.800 barriles de crudo sobre los ríos Coca y Napo, según estimaciones de organizaciones indígenas de la Amazonía, que presentaron una acción de protección y solicitaron medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano.
El 21 de septiembre, durante su comparecencia ante la Asamblea para responder sobre las acciones de remediación ambiental, Ricardo Merino, gerente general de Petroecuador, señaló que la fase final de verificación de trabajos e inspecciones por reclamos de las comunidades tenía un avance del 97,3 %.
Sobre los impactos causados por el fenómeno de erosión regresiva del río, un informe del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (Sngre), actualizado al 15 de octubre, da cuenta de 188 personas afectadas directamente y 25.108 de manera indirecta, en las provincias de Orellana, Napo y Sucumbíos.
Según el reporte, los del primer grupo presentan problemas de salud debido a la contaminación ocasionada por la rotura de los ductos petroleros, mientras que en el segundo figuran moradores asentados en las riberas de los ríos Coca y Napo, quienes utilizan el agua para consumo, pesca y como medio de transporte.
Petroecuador indicó que hasta ahora se han destinado $ 20 millones para remediación ambiental. Los pagos, que han salido de la empresa pública y de OCP Ecuador, no incluyen acciones de reparación material para las comunidades afectadas.
EL DETALLE
Recursos. En los trabajos en las variantes, Petroecuador utilizó mano de obra propia, al igual que equipos, maquinaria y materiales, entre ellos, las tuberías.
PARA SABER
En septiembre, personal de Ambiente, Gestión de Riesgos, Petroecuador y OCP Ecuador inspeccionó las labores de limpieza y remediación ambiental en la zona de atenuación natural (entre la cascada de San Rafael y la confluencia del río Machacuyacu).
El Gobierno ejecuta un plan por $ 20 millones (estudios y obras) para enfrentar el fenómeno en el río Coca.
