265 notarios de país serán sometidos a una auditoría de gestión

El 45 por ciento de los 592 notarios que laboran a nivel nacional están en funciones prorrogadas. Autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) confirmaron la terminación de los nombramientos de 265 fedatarios, quienes además serán sometidos a una auditoría.

Durante una rueda de prensa desarrollada esta mañana en Quito, el vocal Fausto Murillo recordó que -el 11 de junio de 2019- solicitó a la Contraloría General del Estado una auditoría y examen especial al concurso en el que participaron los fedatarios que actualmente están en funciones prorrogadas. Y, para complementar esa investigación, cruzó un oficio al contralor con la finalidad de que inicie también una auditoría de gestión a quienes cumplieron su periodo.

Los 265 funcionarios fueron elegidos para ejercer ese cargo por un periodo fijo de seis años, pero seguirán laborando hasta que sean legalmente reemplazados, según indicó María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, en aplicación a la resolución 191-2019 que emitió el organismo el año pasado.

“Esta prórroga de funciones no significa que se ha generado vacantes... excepto aquellas excepcionales por voluntad propia de algunos de los señores notarios que decidan retirarse o porque el Consejo de la Judicatura, en ejercicio de sus funciones, aplica el régimen disciplinario previsto en el artículo 109 para los señores notarios, numeral 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuyo efecto sería la destitución”, explicó Maldonado.

A decir de la funcionaria, se busca el mejor beneficio para la ciudadanía y que nuevos profesionales que reúnan los requisitos también puedan postular, “porque en nuestra legislación los cargos no son vitalicios, no son indefinidos, no son hereditarios, se cumplen los procedimientos establecidos en la Constitución”.

Pero la prórroga de funciones podría durar un año, por cuanto la Judicatura no ha priorizado en la agenda 2020 el concurso para ese objetivo; además, dependen del tema presupuestario para la elaboración de los insumos. Según el vocal Jorge Moreno, hay una disminución del presupuesto de aproximadamente once millones de dólares.

Paúl Franco, director provincial de la Judicatura del Guayas, detalló que 46 de los 81 notarías que existen en la provincia se someterán a concurso.

Maribel Barreno, también vocal del CJ, expuso que desde junio de 2019 se trabaja en construcción de la metodología y parámetros que contengan los instrumentos tecnicos-jurídicos para proceder al concurso de mérito y oposición de los notarios. Además del levantamiento de información para realizar el plan de cobertura, “que será el insumo base para el proceso del concurso que consiste en determinar el numérico de notarías que existen a nivel nacional que sea idóneo, esto significa que se determinará si existe la necesidad de creación o suprimir las notarias existentes”, indicó la funcionaria.

A eso sumó la construcción de metodologías y parámetros para procesos de evaluación. Según informó, de la revisión de documentos y el levantamiento de información que hasta el momento han realizado, no se ha desarrollado una evaluación de la productividad y desempeño de los notarios. “Jamás se había realizado por el Consejo de la Judicatura cesado y el Transitorio...”, destacó la vocal al puntualizar que la futura evaluación será a los notarios que se encuentren desde el 2020 al 2024.

En su exposición, la presidenta del CJ manifestó que ha solicitado ayuda a la Comisión Nacional Anticorrupción para que colabore en la contraloría social que ejercen en las provincias donde su estructura permita hacerlo. “No permitiremos ningún acto de corrupción, relacionado con la oferta ilegal e inmoral de notarías...”, dijo Maldonado en tono enérgico al destacar que todos los miembros del pleno de la Judicatura han acordado “en ser implacables en la persecución de esos delitos... desde ya advertimos a la ciudadanía no se dejen sorprender por personas inescrupulosas que tomándose atrevidamente el nombre de las autoridades del consejo d la judicatura extienden ofertas de conseguir notarías a cambio de dinero o favores, y desde ya hacemos una prohibición expresa a todo servidor del Consejo de la Judicatura a nivel nacional... (que) oferte de manera ilegal e inmoral notarias...”.