300 familias desplazadas por choques entre grupos armados en noroeste de Colombia
La Defensoría alertó que también hay "un importante número de familias" que no han podido huir de la violencia
Unas 300 familias de población afrocolombiana e indígena han tenido que salir de sus casas, víctimas de desplazamiento forzado, en la zona del río San Juan, en el selvático departamento del Chocó (noroeste de Colombia), por los enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Se trata de unas 1.500 personas que han llegado en los últimos días a las cabeceras municipales de Istmina y Nóvita, desde el San Juan, un río cuyas comunidades se ven expuestas constantemente a los enfrentamientos entre grupos y a su control, según reportó este 28 de mayo la Defensoría del Pueblo.
"Desde la Defensoría del Pueblo estamos acompañando a las comunidades chocoanas de Charco Largo, Barrancón, Barranconcito, Charco Hondo, en zonas apartadas de Sipí, que fueron desplazadas hacia la cabecera municipal de Istmina; y a las comunidades de Santa Bárbara, Cajón, San José y Torrá, de la zona rural de Nóvita", informó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Además, la Defensoría alertó que también hay "un importante número de familias" que no han podido huir de la violencia por "el riesgo de posibles nuevas confrontaciones entre los grupos armados" y están confinados y expuestos a los riesgos del conflicto.
"Debido a la compleja situación que está a punto de desbordar la capacidad de las entidades locales, exhorto a las autoridades nacionales y departamentales a tomar las medidas pertinentes para mitigar las carencias humanitarias de las comunidades étnicas afectadas", pidió Camargo.
Muchas de las familias, según esta organización estatal, salieron después de que el ELN les amenazase diciendo que no podían seguir en los territorios ya que la disputa con los paramilitares del Clan del Golfo, también llamados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), se iba a agravar.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también se pronunció hoy sobre la situación en Nóvita y Sipí, alegando que han documentado "violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)"
