Otro 'hoyo' por donde se escapan anomalías en la compra pública

Es otro de los orificios por donde se filtran irregularidades. Las compras de ínfima cuantía en el sector público permiten que una entidad adquiera bienes y servicios sin mayores controles o reportes de las autoridades. Para este año, con un nuevo Presupuesto General del Estado, el monto máximo para esos procesos se elevó a 7.099,68 dólares.

El valor puede ser bajo pero, según las autoridades del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), hay compras que no están justificadas dentro del segmento. Ínfima cuantía, si se hace de forma repetitiva en varios procesos por el valor fijado en la ley, puede resultar perjudicial.

Hay ejemplos. El año pasado, la Contraloría General del Estado detectó que el ahora extinto Ministerio de Minería incurrió en numerosas ocasiones al mecanismo aunque se trataba de una sola compra con un valor que supera el considerado ínfimo. Es decir, para evadir controles y rendiciones de cuentas, el personal del ministerio hacía varias compras bajo ínfima cuantía de un mismo bien o servicio. 

Algo similar pasó en el Hospital de Bahía de Caráquez. La Contraloría informó hoy, 9 de enero de 2019, que en la casa de salud se recurría constantemente al mecanismo aún cuando las compras debían hacerse de forma planificada a inicios de año. En lugar de reportar en la planificación la necesidad de un bien, el hospital procedía a compras sin mecanismos de transparencia. 

Silvana Vallejo, directora general del Sercop, considera que es necesaria una reforma legal para aclarar los alcances y montos de las compras de ínfima cuantía. Ella, desde 2018, trabaja en un proyecto de cambios legales que se discutirá eventualmente en la Asamblea Nacional.

El exceso en las compras ínfimas se demuestra, además, en los montos pagados en el año pasado. Según el último reporte de Contratación Pública, publicado hasta noviembre de 2019, se gastaron 323,4 millones de dólares en operaciones que, individualmente, no debían superar los 7.000 dólares.

Lo dicho significa que entidades como la Presidencia, Vicepresidencia, ministerios, secretarías, agencias, servicios, superintendencias, cortes, consejos, fiscalías, seguro social, prefecturas, municipios y juntas parroquiales hicieron más de 46.200 procesos bajo la etiqueta de ínfima cuantía. Un número demasiado elevado de acuerdo a los estimados oficiales.

Dentro de las reformas legales planteadas por el Sercop están, además de las compras por menos de 7.099,68 dólares, los cambios en el régimen especial y la limitación en la publicación de datos de las compras que se hacen bajo una declaratoria de emergencia.

Actualmente, la normativa es un tanto ambigua en los plazos para reportar las operaciones hechas en un momento de conmoción social.