El 31 de enero se sabrá si 10 procesados en el caso bonos del Isspol van a juicio
La jueza Irene Pérez reinstalará la audiencia preparatoria de juicio por posible peculado que se suspendió en noviembre de 2023
El 31 de enero de 2024 se conocerá si los sospechosos de posible peculado en el caso bonos del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) son o no llamados a juicio.
La jueza de Pichincha Irene Pérez convocó a las partes procesales a la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio que se suspendió en noviembre de 2023.
Entre los sospechosos del posible delito que se habría registrado en la entidad se encuentran los generales en servicio pasivo David Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros.
En este caso la Fiscalía investigó la negociación de 216 millones de dólares en operaciones efectuadas entre 2014 y 2019, por el pacto de recompra de Bonos Global 2024. La transacción se habría efectuado entre los directivos del Isspol y la empresa IBcorp Investments, representada por Jorge Chérrez Miño por 205 millones de dólares y la operación con la empresa Capital Ventura por 10,8 millones de dólares.
La diligencia se reinstalará en el auditorio del Complejo Judicial norte de Quito. La jueza anunció que se aceptará la comparecencia de los sujetos procesales de forma telemática, a través del aplicativo de videoconferencia Zoom.
El coronel Renato González director del Isspol, acusador particular en el caso, señaló que se él y sus abogados se mantendrán expectantes y estarán presentes en esa audiencia. Según el oficial, la Fiscalía expuso clara y fundamentadamente los elementos de convicción contra cada uno de los diez procesados. Por lo que cree que "lo lógico y normal es que todos sean llamados a juicio, en una audiencia que dolorosamente ha durado 27 meses, revictimizando a todo el conglomerado policial".
González opina que el sistema de justicia ecuatoriano ha sido muy benigno con los procesados del caso Isspol y "aún no recibimos justicia", concluyó.
Mientras que Paúl Ocaña, defensor de Espinosa de los Monteros, insistió en que una vez que ha demostrado que su representado "no ha tenido participación alguna en tiempo y espacio dentro del delito que se le imputa esperamos que la jueza declare el sobreseimiento".
Hace casi tres años se denunció que en el seguro policial se habían perdido cerca de 800 millones de dólares del fondo de pensionistas y jubilados por inversiones riesgosas.
La actual administración ha recuperado alrededor del 45 % de los recursos de los policías, un monto de 370 millones de dólares del monto que fue reclasificado de inversiones vencidas a cuentas por cobrar.
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