38.996 reos no tienen su historial médico
La salud es prioridad en la nueva política pública pero ni siquiera tienen datos exactos
El presupuesto para cumplir con la nueva política pública de rehabilitación social es de $ 27 millones, de ese total $ 12 millones serán destinados para su principal eje: la salud, sin embargo, llegar a la población penitenciaria con este derecho humano está más difícil que abrir las puertas de los pabellones en las cárceles.
Para empezar, los presos en el país no cuentan con una ficha médica, a duras penas existe un registro de 1.112 convictos con enfermedades preexistentes (ver gráfico). Mientras que los 38.996 restantes no tienen detalle alguno de su salud física, mental, reproductiva y peor emocional.
Aquí, hay que precisar primero que hasta octubre de 2021 el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) dijo que había disminuido la población carcelaria en un 3 % y que según su contabilidad eran de 37.324 privados de libertad.
Primero estamos haciendo un seguimiento semanal del avance de las gestiones.
Sin embargo, la nueva política pública presentada por la Secretaría de Derechos Humanos el pasado 21 de febrero expone que las cifras no cuadran por ningún lado, porque solicitó al SNAI que remita el número total de presidiarios y la correspondiente base de datos de la entidad y ambos insumos fueron entregados con el corte del 17 de noviembre de 2021. En el primero, se dijo que hay 36.902 privados de libertad en todo el país, pero en el segundo hay 40.108 personas.
Los $ 12 millones planificados provendrán de los recursos asignados para el Ministerio de Salud. Pero antes de accionar se necesita resolver los siguientes problemas: corrupción en la entrega de turnos para atención médica, falta de personal médico y de especialidades para atender reos, oscuridad en informes de drogadicción, tratamiento y prevención de consumo y también la exclusión de las mujeres para acceder a controles, servicios y atenciones, entre otras circunstancias.
La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, quien también es titular del Organismo Técnico de Rehabilitación, enfatiza que la única forma de encontrar la cantidad real de PPL dentro de las cárceles es con el censo penitenciario para determinar con mayor precisión otros aspectos que contribuyan a la sanidad en las prisiones del Ecuador.
“El tema presupuestario es lo que menos nos preocupa porque ya está el ok por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y solo depende de que el INEC y el SNAI terminen de hacer la metodología apropiada para hacerlo”.
- Personal de salud fue amenazado
El estudio Diagnóstico del Sistema Penitenciario del Ecuador relata en sus escritos que el personal de salud que trabaja en cárceles del país, especialmente en Cuenca y en Guayaquil, reciben constante intimidaciones y obligados a señalar una realidad distinta a la que pueda existir, especialmente cuando ocurren hechos violentos. “Nos encierran entre todos los PPL y señalan qué van hacerle a nuestra familia y lo peor es que sí tienen datos reales”, se lee en un testimonio del documento.
- Agravamiento
La pandemia empeoró el abastecimiento de insumos y de medicinas en las cárceles del país, especialmente en las cárceles pequeñas. El tráfico de fármacos se incrementó. “Los internos afirman que la negociación ocurre con los guías que son quienes sacan a los PPL a las citas médicas”, dice el estudio carcelario.
- Salud mental
Diario EXPRESO solicitó al Ministerio de Salud que informe el número de especialistas designados en las cárceles para esta área, pero hasta el cierre de esta edición no dio respuesta alguna. Sin embargo, en el estudio de diagnóstico del sistema penitenciario se habla de 1 psicólogo por cada 1000 reos.
