4 de los 5 reos trasladados a La Roca tienen historial delictivo por asesinato y tráfico de droga

Los cabecillas de Los Lobos y del grupo R7, bandas causantes de la reciente masacre en la cárcel de Turi, en Azuay, ya tienen nuevo ‘hospedaje’. Tras el crimen de 20 internos, durante la madrugada del domingo, las autoridades decidieron llevarlos a la cárcel de La Roca, en Guayaquil.

La medida fue aplaudida por muchas personas a través de redes sociales, sin embargo, dos especialistas en temas de seguridad y derechos humanos difieren con esta medida.

Por un lado se encuentra Daniel Pontón, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y analista en temas de seguridad, quien asegura que haber llevado a los líderes de estos grupos criminales, de un momento a otro, solo demuestra una falta de planificación e improvisación. “Esto va a generar un efecto, es indudable, y no creo que esto conlleve a una pacificación de las cárceles”, increpó el académico.

Agregó que lo que podría venirse es una nueva disputa dentro de Turi. Esto porque con la llegada de Los Lobos a esa cárcel, luego de las anteriores masacres, ellos controlaron aquel centro penitenciario. Ahora, con la ausencia de estos cabecillas, es muy probable que alguien quiera ese puesto.

Una opinión similar tiene Rosa Bolaños, representante legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), quien aseguró que la decisión del traslado no tuvo un análisis técnico. “No existen pautas de rehabilitación que se hayan aplicado para cumplir con ese proceso y fue simplemente un tema arbitrario.

Además, las consecuencias violentas que se verían son a mediano y largo plazo. “Se está viendo un desbordamiento de la negligencia del Estado en cuestión penitenciaria”.

Bolaños puntualizó que al haberlos llevados a La Roca, donde hay otro grupo de líderes de bandas rivales entre sí, solo demuestra que a los entes estatales no les importan los privados de libertad. A su criterio se está viendo que lo que esperan las autoridades es que esas disputas las arreglen entre ellos.

De masacrado a masacrador

En la masacre de febrero de 2021, Alexander Quezada San Martín, quien figura como uno de los reos de más alta peligrosidad y que junto a otros cuatro reclusos, Eduardo Vicente Moreira Paredes, Freddy Marcelo Anchundia Loor, Marvin Rodrigo Cortez Ramírez y Juan Andrés Mejía Bermúdez habrían liderado el enfrentamiento en Turi, constaba en el listado de heridos que dejó la matanza a 34 reos en esta cárcel del Azuay.

En aquel entonces en los cuatro centros de privación de libertad donde se desató la masacre (Guayaquil, Cotopaxi y Cuenca) hubo 62 reos asesinados.

Quezada y los otros cuatro privados de libertad implicados en los asesinatos en Turi fueron trasladados la noche de este lunes hasta la prisión situada en el kilómetro 17 de la vía a Daule-Guayaquil.

Estos cinco privados de libertad son considerados por las autoridades como de alta peligrosidad y llegaron en un avión de las Fuerzas Armadas hasta la base aérea Simón Bolívar, luego fueron llevados en un bus custodiado por policías y militares hasta dicho centro de privación.

Sus fechorías

Eduardo Vicente Moreira Paredes, de 23 años, alias Gato Running, fue uno de los acusados del crimen de Freddy Joza Mejía, ocurrido el 14 de junio de 2011, en el barrio La Pradera, de Manta. Fue detenido en Santa Elena.

Anchundia Loor, por un asesinato ocurrido en febrero de 2025 en La Chorrera, zona aledaña a Pedernales. Sin embargo, también se lo procesó por la venta de droga en distintas zonas de la provincia de Manabí.

En mayo de 2021 Cortez Ramírez, quien ya registraba tres procesos por asesinato, fue vinculado a otro delito, pues lideraba una organización delictiva, dedicada a la extorsión y que operaba desde Turi.  (MAG / AEB)

Uno de los muertos estaba envenenado

Hasta el 5 de abril ya se habían entregado los 20 cuerpos de las 20 víctimas reportadas por la última masacre registrada en el interior del Centro de Privación de la Libertad de Azuay.

Todos los cadáveres fueron identificados, pero la lista se mantiene en reserva por tratarse de un proceso en investigación de la Fiscalía y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad.

Entre aquellos restos entregados estaban los de los seis internos que fueron decapitados en el enfrentamiento entre bandas.

Según explicó el ministro del Interior, Patricio Carrillo, basado en los resultados de las autopsias, uno de los fallecidos no sería atribuido al ataque, sino que es una “muerte por ingesta de un químico”.

Mientras algunos de los parientes de los asesinados esperan que las acciones de las autoridades permitan lograr seguridad, paz y tranquilidad, el fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, manifestó que el proceso investigativo de la matanza se encuentra “muy avanzado”.

Amoroso detalló que tales investigaciones se hacen por el delito de asesinato y han tomado versiones a los internos. “Ojalá se pueda llegar a dar con los culpables del hecho”, precisó.

Según el funcionario como sospechosos han identificado a dos internos, alias Uriel y Anchundia, quienes junto a otros tres, considerados ‘brazos derechos’ de los dos cabecillas, fueron trasladados a la cárcel La Roca, en Guayaquil.

Armas

El ministro Carrillo apuntó que en las requisas se han identificado y hallado seis armas de fuego, cinco de las cuales habrían sido utilizadas en la matanza.

De este número de armas requisadas, tres son de la marca Glock, pero no tenían número de serie ni otros datos identificatorios.

Son “similares a las que usa la Policía”, detalló el teniente coronel Javier Chango Llerena, jefe de la Unidad Nacional de Criminalística, quien además sostuvo que estos llamados “testigos balísticos” serán analizados a través del sistema INVIN, programa internacional que permite cotejar si las armas y proyectiles ilegales podrían haber sido usados en otros eventos.

Además, tratan de descubrir así la procedencia del armamento hallado dentro de la cárcel y los resultados serán integrados al proceso de investigación de la Fiscalía. (JM - IC)

La Roca, hospedaje de narcos y asesinos 

Con la llegada de los cinco privados de libertad traídos de la cárcel de Turi, La Roca volvió a habilitar sus celdas.

Esta cárcel de máxima seguridad fue construida en 2008. La administración y operación de La Roca fue entregada al entonces llamado Ministerio de Justicia en 2010. Es el primer centro que tiene tres muros exteriores que conforman la muralla del perímetro del centro de privación de libertad.

Esta cárcel porteña ‘hospedó’ al narcotraficante Óscar Caranqui, quien fue asesinado a tiros en 2013 justamente en el patio de esta cárcel denominada como de máxima seguridad.

También albergó a los hermanos Walter y William Poveda Salazar, conocidos como El Caimán y El Cubano, presos por narcotráfico y por el asesinato de dos directores penitenciarios.

Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien fue líder de la organización criminal Los Choneros, asesinado en diciembre de 2020, fue otro de los privados de libertad que guardó prisión en esta cárcel. En el 2013 JL y otros 18 presos se fugaron de la cárcel que en su creación prometió ser la más segura del país. (AEB)