El 60 % de los equipos del ECU 911 necesita renovación

Hasta octubre de este año, el ECU 911 tiene como plazo máximo para presentar el proyecto de modernización para renovar en 2023 el 60 % de sus aparatos tecnológicos que aportan a la videovigilancia. El costo del proceso de cambio bordea los $ 150 millones.

En ese plan, se incluye el cambio de 1.081 cámaras que no están operativas, la mayor cantidad se encuentra en la ciudad más violenta del país: Guayaquil, con un total de 130 puntos inhabilitados en el territorio, que acumula 590 muertes en lo que va de 2022.

Sin embargo, el director del organismo, Juan  Zapata, señala que su operatividad está al 100 % porque se apoyan en el sistema integrado municipal, que da “oxígeno” al congestionamiento habitual que tenía el ECU 911 de Samborondón y así el organismo se da abasto para el resto de la provincia de Guayas, Santa Elena, Galápagos y parte de Bolívar.

“El ECU está firme, seguimos siendo referentes internacionales y todo lo que ingresa como emergencia lo estamos cumpliendo y la videovigilancia también, son cerca de 52.000 eventos que se evitó en 2021 que se transformen en delito”, resaltó Zapata.

El ECU 911 nació hace 10 años con 1.115 cámaras, hoy cuenta con 4.487, a estas hay que sumarle 2.313 equipos provenientes de 65 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), llegando a un total de 6.800 equipos que logran, según sus estimaciones, una operatividad del 89,85 %; no obstante, el pasado 14 de febrero, el sistema no registró el colgamiento de dos cuerpos en el puente de entrada a Durán porque justo estaba en modo automático.

John Garaycoa, experto en seguridad ciudadana, enfatiza que la renovación de equipos debió darse hace varios años, “porque la delincuencia no espera y hasta 2023 muchas cosas pueden pasar. Si ellos reconocen que es un 60 % de renovación en la situación económica que estamos, imagínese cuánto debe ser realmente lo que hay que cambiar”.

En respuesta a ello, el director Zapata expone que en 2019 existía ya “la prioridad” de renovar y repotenciar los equipos con un costo de aproximadamente $ 92 millones, pero con la llegada de la pandemia al país hubo que hacer cambios en la jerarquía de importancias.

“Son 27 meses que la pandemia nos ha roto todos los planes, hoy ya no puede ser una repotenciación, lo que hay que hacer es una modernización, el cambio de todo el sistema y la plataforma tecnológica, ahí entrará el tema de cámaras con temas de población, calor, índices delictivos, identificación de placas y datos”.

Juan Pablo Torres, director de tecnología del ECU 911, explicó en la mesa de seguridad de la Asamblea Nacional que para implementar el sistema de analítica de video, es necesario renovar “la gran mayoría de cámaras”, pues necesitan ser fijas para implementar la tecnología y sistemas de inteligencia.

“De los 16 centros que tiene el ECU, 15 centros ya tienen publicados procesos de mantenimiento, nuestro sistema es antiguo y ya cumplió con su vida útil y de operatividad, y cumplimos con el presupuesto que tenemos, que es el corriente para alargar la vida del parque de cámaras que tenemos”.

Actualmente, se espera la llegada de 1.533 cámaras por los sistemas de los GAD.

“Es de todo, monitores, software, geolocalizadores, todo lo que es el ECU, cámaras, hay que ir a la analítica de video, reconocimiento de placas, y más tecnologías de acuerdo a las nuevas realidades que se necesita para dar seguridad, tenemos la zona 8 que requiere nuevos puntos de vigilancia”, expuso el director nacional del ECU 911, Juan Zapata.

• Adecuación según las necesidades

El plan de modernización contempla la identificación de nuevos puntos de las denominadas zonas calientes, según los estudios de la Policía Nacional y de las instituciones de seguridad como Fuerzas Armadas. Actualmente, se mantienen reuniones para la coordinación respectiva y la identificación de las cámaras que podrán quedarse en funcionamiento en 2023. Con estos cambios se espera que se incremente la efectividad en las alertas y llamadas de emergencia que registra la institución. La entidad tiene 7 coordinaciones zonales, 14 salas operativas y 3.263 personas que operan las más de 6.000 cámaras de videovigilancia en el país.