7 candidatos con líos penales se cobijan con la inmunidad electoral
Los investigados en el caso Triple A no serán procesados porque la instrucción fiscal caducará antes de proclamar resultados
Ser candidato para evadir la justicia. Centro Democrático, Renovación Total (RETO), Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) y Sociedad Patriótica acogen en sus filas a personas que tienen problemas con la ley, pero su inmunidad electoral impide el funcionamiento de la administración de justicia.
El caso más conocido es el de Armando Flor Izaguirre, candidato nacional por PID. Está llamado a juicio por delincuencia organizada en Metástasis, pues la Fiscalía lo acusa de presunto testaferro del narcotraficante Leandro Norero. Su fase de juzgamiento está suspendida hasta que se proclamen los resultados electorales.
Caso Triple A: cinco investigados quedan fuera
Un poco menos conocidos son los casos de: Juan Daniel González Jurado (candidato suplente de RETO en Guayas), José Ignacio Franco Magallanes, César Emiliano Bravo Ibáñez, Fernando Patricio Peñaherrera Benegas y Angélica Vanessa Freire (candidatos suplentes de Centro Democrático en Guayas). Los cinco son investigados en el caso Triple A, por una posible comercialización ilegal de combustibles.
La clave para entender cómo la inmunidad electoral se convirtió en una herramienta contra la justicia está en las fechas.
El 11 de julio de 2024 se filtró la denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía en contra del alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez Henríquez y otras 10 personas entre las que estaban los hoy candidatos a la Asamblea.
El 23 de julio, la Fiscalía y la Policía ejecutaron varios allanamientos contra los investigados y sus empresas. Finalmente, el 25 de septiembre, la Fiscalía pidió fecha y hora para presentar los cargos en su contra.
Mientras la investigación avanzaba en la vía penal, en el Consejo Nacional Electoral se abrió la fase de inscripciones de candidaturas: del 13 de septiembre al 2 de octubre. En ese tiempo, ya había un pedido del fiscal del caso para procesarlos, aún así Centro Democrático y RETO les dieron cobijo.
Este Diario contactó a los candidatos y a sus abogados a través de correo electrónico, pero hasta el cierre de la edición no contestaron.
Cuando el caso Triple A llegó por sorteo a manos del juez anticorrupción Jairo García Mosquera, hoy investigado en el caso Fachada, los incidentes no dejaron de suceder. La audiencia de formulación de cargos se convocó para el 14 de octubre, pero no se dio. La segunda fecha fue para el 6 de noviembre, la tercera, el 11 de noviembre, la cuarta el 14 de noviembre, la quinta el 1 de diciembre y, por fin, en la sexta convocatoria la diligencia se realizó.
El fiscal Carlos Alarcón se quejó en esa audiencia del uso del artículo 108 del Código de la Democracia para buscar la impunidad. Esta norma dice que una persona no podrá ser detenida ni procesada penalmente desde el momento de la calificación de su candidatura hasta la proclamación de resultados; “ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar. Proclamados los resultados, podrán activarse procesos penales contra ellos…”.
En el cronograma del CNE, la proclamación de resultados para la Asamblea está prevista que sea entre el 29 abril y 11 mayo. Es decir, hasta 147 días después del inicio de la instrucción fiscal. Significa que la Fiscalía no tendrá tiempo para pedir su vinculación, pues esta fase de investigación solo dura de 90 hasta 120 días.
Para la Organización de las Naciones Unidas, la impunidad es “una causa y un efecto de otros problemas graves como la corrupción”.
Sistema judicial es otro problema
El último caso de un candidato que se beneficia de la inmunidad electoral es Álex Bósquez Cáceres, asambleísta nacional de Sociedad Patriótica, aunque es por la lentitud del sistema judicial. Está llamado a juicio en la causa N° 09290202200093 por posible usurpación y simulación de funciones públicas. La audiencia de juzgamiento debía darse el 20 de julio de 2023, pero el fiscal no asistió. Luego hubo seis convocatorias fallidas: 13 de octubre de 2023, 22 de noviembre de 2023, 26 de enero de 2024, 22 de abril de 2022, 4 de julio y el 19 de septiembre de 2024. La mayoría fue por inasistencia de la Fiscalía.
Una vez cerrada la edición impresa, Bósquez explicó a EXPRESO lo siguiente: “Yo he pedido que me hagan la audiencia, porque esto ha afectado mi vida y mi salud. Yo camino libremente por la calle y no estoy involucrado en hechos de corrupción, ni de narcotráfico ni nada malo. Simplemente esto es un tema laboral”. Explica que el delito de usurpación de funciones se inició por una denuncia del Consejo de la Judicatura en su contra porque intervino en un proceso judicial como Juez de Paz de la Corte Nacional de Justicia Indígena. "No hay delito y estoy esperando que se haga justicia, pero yo insisto en que ser candidato no fue para evadir la justicia, sino porque yo he trabajado con comunas, con organizaciones campesinas y quiero seguir ayudando".
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