Los 7 mil crímenes que Rafael Correa escondió

Los datos están ahí, son públicos y cualquier persona puede acceder a ellos desde su teléfono. Arduino Tomasi (Guayaquil, 1988) los encontró cuando trataba de confirmar una información estadística que había publicado el expresidente prófugo Rafael Correa sobre las tasas de homicidios durante su gobierno. 

Correa se jactaba (lo sigue haciendo) de haber dejado al Ecuador como segundo país más seguro de América Latina. Era enero de 2024, la toma de los estudios de TC Televisión por un grupo de delincuentes armados había desatado una ola de paranoia nacional, el presidente Daniel Noboa había declarado la guerra y Correa quiso sacar provecho de la desgracia. 

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Tomasi, un PhD de la London School of Economics que actualmente cursa su postdoctorado en la Universidad de Chicago, se encontraba de visita en su ciudad y, como todos, fue sacudido por los acontecimientos. En busca de información ingresó en la página web del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Lo que encontró ahí, en el archivo histórico de defunciones, lo dejó sin aliento: una masacre parecía haber ocurrido en el Ecuador durante los años del correísmo, pero daba la impresión de que hubiera sido sistemáticamente encubierta.

Muertes violentas en Ecuador 

Sí, era cierto que las muertes reconocidas como homicidios descendieron durante el gobierno de Correa, tal como él alardeaba. Pero, al mismo tiempo (y de esto no decía una palabra), se dispararon hasta niveles sin precedentes aquellas otras catalogadas como “muertes violentas de intención no determinada”, es decir, muertes sobre las que no se determinó si se produjeron por agresión (asesinatos), lesión autoinfligida (suicidios) o accidentes.

Este incremento rompía todas las tendencias y no tenía explicación estadística alguna. Lo normal, cuando la tasa de homicidios cae, es que se reduzca también la de estas muertes violentas no explicadas. Que en el Ecuador ocurriera lo contrario era una anomalía. Buscando explicaciones, Tomasi organizó la información por provincias en un mapa de color: ¿Dónde habían ocurrido esas muertes no explicadas? Precisamente en las provincias por donde circula lo que la Policía ha identificado como la ruta de la cocaína.

No podía ser una coincidencia. Si estas muertes no explicadas fueran causadas por accidentes, su distribución sería uniforme en todas las provincias. Se trata, pues, de asesinatos. Y asesinatos relacionados con el narcotráfico que las estadísticas oficiales encubrieron. ¿De cuántos muertos estamos hablando? Según las cifras del INEC, son 7.379 muertes que la revolución ciudadana no se preocupó por explicar. Asesinatos no catalogados como tales. Un promedio de 1,7 muertos por cada día de gobierno de Rafael Correa.

Septiembre de 2009: dos acontecimientos aparentemente no relacionados entre sí tienen lugar con escasos días de diferencia. El 18 de ese mes, la base estadounidense de Manta cerró sus operaciones tras diez años de intensa actividad de control del narcotráfico. Días antes, en la semana del 6, tuvo lugar el encuentro, supuestamente con fines de pacificación, entre autoridades del gobierno y líderes de las bandas de delincuencia juvenil (ñetas y latin kings). 

Ricardo Patiño y Rafael Correa posaron ante los fotógrafos con un risueño Leandro Norero que estaba a punto de convertirse en un poderoso operador de los carteles mexicanos del narcotráfico. Gracias a lo que el correísmo llamó “proceso de pacificación”, las bandas juveniles del 2009 ampliaron sus actividades delictivas hasta convertirse en lo que son hoy: franquicias del crimen organizado internacional en guerra contra el Estado.

La salida de la base de Manta es el punto de quiebre de todos estos fenómenos. Precisamente al año siguiente, 2010, las cifras de capturas de cargamentos de droga de desplomaron dramáticamente, en un 75 por ciento, y las muertes no explicadas remontaron. Antes del cierre de la base, no había relación estadística alguna entre una cosa y la otra; a partir de 2009, están totalmente conectadas: cada vez que las capturas caen, las muertes no explicadas suben proporcionalmente y viceversa. Sobre estos datos, Arduino Tomasi cimentó la hipótesis de su investigación, según la cual un acuerdo entre el gobierno y los narcos rigió en el país luego de la salida de los marinos estadounidenses. Son los años de la ‘pax narco’.

Tasas de tráfico de menores de edad

Otros dos indicadores estadísticos refuerzan esta teoría: las tasas de tráfico de menores de edad y de desaparición de personas. Dos fenómenos históricamente ligados al narcotráfico. Dos historias de terror. En ambos casos, el año 2009, el de la salida de la base de Manta, es el punto de inflexión a partir del cual las cifras se disparan. Antes de ese año, la incidencia de la trata de menores de edad era muy baja, algo menor que la registrada en Colombia y muy por debajo del promedio regional. Al año siguiente y hasta el 2012 se incrementó en más del 150 por ciento y se situó en un 69,57 por ciento por encima del promedio latinoamericano.

Son los años durante los cuales el pediatra Pablo Aníbal Izquierdo, que apenas en julio de este año fue capturado en posesión de material de abuso sexual infantil, se desempeñó como asesor de Salud de la Presidencia de la República. Lo que el expresidente prófugo llama “el segundo país más seguro de América Latina” era el paraíso regional de los pederastas. En cuanto a la desaparición de personas, más de lo mismo. Las cifras que se mantuvieron muy por debajo de los cien casos anuales reportados mientras la base de Manta estaba operativa, crecieron exponencialmente desde el 2010 hasta estabilizarse en los 10 mil casos anuales entre 2014 y 2018.

La investigación de Tomasi está en desarrollo, pero él ha venido publicando resultados provisionales y datos en bruto desde enero. Los correístas llevan siete meses ignorándolo, burlándose de él, subestimándolo. “Ya no saben qué decir”, tuiteó Rafael Correa, que según Tomasi conoce sus datos porque él los ha compartido con gente cercana. Quizás quien no sabe qué decir es él. Marcela Aguiñaga, con quien mantenía una relación de cordialidad, terminó por bloquearlo en redes sociales.

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Diego Vaca Quintana, académico ultracorreísta que cursa un doctorado en Barcelona, no tuvo más remedio que reconocer que sí, en efecto, “esas muertes por causa indeterminada merecen una explicación”. Y sobre la marcha se inventó una: “en el Ecuador, los procesos de recolección de datos suelen ser desastrosos y poco profesionales”. En ese saco cabe cualquier cosa.

Finalmente, Byron Villacís, que fue director del INEC durante el correísmo (y, por tanto, responsable de esos “desastrosos” y “poco profesionales” procesos de recolección de datos de los que habla Vaca Quintana), emplazado para comentar los hallazgos de Tomasi, eligió la huida por las ramas: dijo que no le interesaba. Tal cual. 7.379 muertes no explicadas; 10 mil desapariciones al año; una incidencia del tráfico de menores casi 70 por ciento por encima de la media regional. No le interesa. Al fin y al cabo, él sólo registraba las estadísticas.

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