Más de 70 sugerencias para salvar las cárceles

Crisis de Derechos Humanos. Así señala una de las 53 conclusiones de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional a la realidad carcelaria, la misma que dice no “puede ser simplificada como el resultado de una pugna entre bandas delictivas”. Esto por la negligencia e inobservancia del Estado ecuatoriano al no aplicar el mínimo de los estándares internacionales para el tratamiento de presos en el país.

Diario EXPRESO tuvo acceso al borrador de dicho informe de 501 páginas que recopiló las acciones de 21 instituciones relacionadas al sistema de seguridad del país y que tienen relación con el sistema carcelario ecuatoriano. Ayer fue presentado para votación y aunque aún falta un proceso para que sea analizado en el pleno del Legislativo en el documento se destacan 74 sugerencias que van desde las recomendaciones de juicio político hasta la colocación de una placa en una parte visible y representativa en los edificios de todas las funciones del Estado, en donde se reconozca que “ha fallado por acción u omisión al sistema de rehabilitación social”.

Entre los cargos que identifica como responsabilidad directa están: ministros de Justicia, secretarios de Derechos Humanos, secretarios de Organismos Técnicos de Rehabilitación Social, al Pleno del Consejo de la Judicatura y el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) desde el año 2016 hasta el 2021.

“Nosotros planteamos que cualquiera de los asambleístas puedan iniciar un juicio político a todas las autoridades de las instituciones que hemos investigado, porque no podemos intentar liberar a quienes hayan tenido culpa y el legislador que lo haga tendrá todo el respaldo de la comisión para entregar el material que necesite”, puntualizó el presidente de la mesa de seguridad, Ramiro Narváez.

Las observaciones que se realizan en el documento muestra la desidia de 15 instituciones para prevenir, actuar o remediar la catástrofe en los centros de reclusión.

Adicional a ello, evidencia que todas las instituciones actúan por separado y entorpecen los procesos que se deben cumplir para el funcionamiento del sistema penitenciario. Además del Ministerio de Gobierno, SNAI, Consejo de la Judicatura se menciona por ejemplo al Ministerio de Salud, quien no ha respondido a los requerimientos de información de la comisión sobre la vulneración del derecho a la salud de los reos.

Evidencian que como muestra de la precaria situación de los internos, ellos no cuentan con fichas médicas o historias clínicas; mucho menos un programa para prevención de consumo de drogas cuando se conoce que se registran serios problemas de adicciones o de salud mental entre los privados de libertad, así como no hay controles prenatales para las mujeres embarazadas que cumplen condena.

Las Fuerzas Armadas, por su parte, señaló en sus informes de comparecencias que  “no se cuenta con ninguna tecnología” para el control de armas en las cárceles y por ello realizan el registro manualmente en los exteriores de los recintos penitenciarios. Esto en el marco del estado de excepción que ordena el apoyo a la Policía Nacional.

Mientras que el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) no compartió información a la mesa de seguridad “con la argumentación de ser  de carácter reservado” y que además Ecuador no cuenta con una política de inteligencia penitenciaria y “tampoco evidenció que se encuentre en proceso un plan”, señala el informe de la comisión.

Hasta mientras al Gobierno Nacional le quedan 20 días para que se cumpla con el plazo de intervención por el estado de excepción decretado el pasado 29 de octubre para “restablecer el orden y el normal funcionamiento en el sistema carcelario del país”. Lugar en que se han registrado 11 fallecidos tras la medida y varios tiroteos, el último dejó dos heridos.

• Otras recomendaciones 

Contraloría

Exámenes especiales

El pedido apunta a los procesos de contratación realizados por el Ministerio de Justicia y el SNAI durante las declaratorias de emergencia o de excepción desde 2016. Además solicita una auditoría de gestión a las autoridades cuyas responsabilidades se han identificado.

Código penal

Reforma legal en la mira

Seguimiento y evaluación. La Comisión de Justicia de la Asamblea deberá entregar en 90 días un proyecto de ley con los cambios que se requieran en la normativa para actualizar la “dosimetría penal” que puedan incidir    en la reducción de hacinamiento.

Inspección

Evaluación a  los jueces

La mesa de seguridad pide “urgentemente” que el Consejo de la Judicatura evalúe el desempeño de los jueces de garantías penales, penitenciarias y de las unidades multicompetentes que se encuentran tramitando procesos de personas privadas de libertad en el país.

Inteligencia

Permanente coordinación

n En vista de que no existe un sistema de inteligencia y contra-inteligencia penitenciaria, solicita su ejecución y que este se articule con el Ministerio de Gobierno y de Defensa del país. También un plan que permita identificar los factores asociados a la violencia y extorsión dentro de las cárceles.