76 fallecidos en el estado de excepción
Hoy se renovó la medida carcelaria decretada tras la muerte de más de 119 reos
Sin el objetivo cumplido. El estado de excepción en todo el sistema de reclusión nacional se dio con el decreto presidencial 210 desde el pasado 29 de septiembre para una duración de 60 días que se cumplen este lunes y que, desde la Secretaría General de Comunicación se anunció que se renueva para 30 días adicionales. No obstante, entre el motín del 12 y 13 de noviembre y el ahorcamiento de 11 internos, dados en el mes de octubre suman 76 fallecidos durante la vigencia de la medida.
De acuerdo al Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) y a la Policía Nacional que encontró "los cuerpos suspendidos", se trató de "suicidios colectivos, pues el 14 de octubre se encontró en el pabellón 8 a cuatro cadáveres en la modalidad de "ahorcamiento" y luego el 23 de octubre se halló a otros siete en el pabellón 10, en el área de visitas íntimas.
El estado de excepción entró en vigencia luego de la masacre de más de 100 privados de libertad en un supuesto enfrentamiento de bandas en los pabellones 1, 3, 5, 8 y 9.
De acuerdo al texto del escrito se trataba de una “grave conmoción interna” y que el objetivo de la medida era “precautelar los derechos de las personas privadas de libertad, grupos de atención prioritaria, guías penitenciarios y Policía Nacional”, pero el 12 y 13 de noviembre se registró la violenta muerte de 65 personas, de los cuales 9 aún no pueden ser identificados por la complejidad de su situación, tras ser mutilados y quemados en hecho violento.
Un día antes de la masacre, se capturó a tres ciudadanos que trasladaban en grandes paquetes, cinco armas de fuego, 8 alimentadoras, 2 fusiles, 5.294 municiones, 75 dinamitas, 3 granadas y 2 cizallas en la Penitenciaría del Litoral, quienes caminaban por el pasillo que tiene cercanía a los exteriores de la infraestructura.
Adicionalmente se registraron varios tiroteos en el transcurso de los días, especialmente luego de que se intentó proveer de servicios básicos como luz y agua al centro de reclusión. En los reportes se detalló que los reos se negaron a ser enumerados en sus controles.
