$ 90 millones para evitar el colapso del Poliducto Pascuales-Cuenca

La gestión del Poliducto Pascuales-Cuenca es un dolor de cabeza para Petroecuador. La Contraloría informó, a través de un boletín publicado el viernes pasado, que la empresa pública de petróleos ha gastado $ 90 millones en obras que “no aportaron soluciones concluyentes a las falencias” que presenta la estación de combustibles ubicada en Azuay.

De esta suma, la Contraloría señala que $ 70,7 millones se desembolsaron “sin justificación” y $ 19,2 millones han sido justificados a través del informe DNA6-0056-2018.

La información que hizo pública esta entidad se sustenta en el informe 0004-DNA8-2019, aprobado en enero del 2020. En ese documento se detalla que el poliducto tiene un “alto riesgo de colapso total” debido a la inestabilidad de los taludes y fallas estructurales que afectan al suelo de la cimentación. Para enfrentar que la obra se destruya, Petroecuador ha tenido que realizar construcciones, estudios y obras de remediación que hasta el momento solo son parches.

Una de las obras para mitigación es, por ejemplo, la construcción de muros de gaviones, que son estructuras hechas con mallas metálicas rellenas de rocas y cuyo objetivo era frenar el empuje del talud norte. Pero, esta estructura está en riesgo de volcamiento porque el talud avanza. Lo que, a su vez, pone en peligro las bombas, tuberías y sistemas de conducción de gases residuales.

El informe señala que el origen del problema recae en la empresa Odebrecht, pues en el 2013, cuando construyó el poliducto, “no determinó las condiciones del suelo y la capacidad portante de las plataformas”, a través de análisis complementarios a los estudios y diseños entregados por Petroecuador.

Tampoco preparó un diseño definitivo que solucione el desplazamiento de las laderas. Además, no realizó un estudio completo y pormenorizado de la existencia de aguas subterráneas en el suelo de las plataformas para la terminal.

La empresa brasileña cuestionó el resultado de este último informe de la Contraloría. En un oficio enviado al organismo de control negó su responsabilidad en la gestión del poliducto y señaló a Petroecuador.

“Discrepamos totalmente el contenido y conclusiones (...) por ignorar la forma irresponsable en la que Petroecuador ha administrado la emergencia en la Terminal Cuenca, por ignorar o pretender desconocer aspectos fundamentales del contrato...”. Odebrecht también dijo que Petroecuador eliminó las actividades de validación y revisión de la ingeniería de la obra.

Estas fallas hicieron que en el 2017 Petroecuador terminara el contrato con Odebrecht de forma unilateral. Y en noviembre del 2020 presentó una demanda por $ 281 millones en contra de la compañía.

El litigio se tramita en el Tribunal Contencioso Tributario del Guayas. Ayer, este organismo pidió al representante de Odebrecht que entregue tres copias de su demanda contra el Estado, pues la compañía también demandó y pide $ 174 millones por la terminación del contrato y de forma abrupta.

Además de este informe, la Contraloría emitió en el 2019 otro informe con indicios de responsabilidad penal que tiene que ver con el proceso de contratación y ejecución de la obra. Este documento se sustenta en otro estudio del Programa de la ONU para el Desarrollo, a través de la consultora ABS. Allí se indican desniveles de 25 a 30 centímetros y grietas de 5 a 7 centímetros en el suelo de las esferas de almacenamiento de gas y de los tanques de gasolina y diésel. SO

El dato

Antecedente. En el 2013, Petroecuador adjudicó la construcción a Odebrecht. Hasta noviembre del 2016 pagó $ 487 millones y otros $ 21 por la fiscalización.