Aampetra remitira el caso Espinosa a Fiscalia

El control político llegó demasiado tarde. Ayer, la Comisión Aampetra, conformada para investigar los casos de abuso sexual en el sistema educativo, aprobó un informe nuevo con información vieja. Cuatro meses después de haber exculpado al exministro de Educación Augusto Espinosa, en un reporte que fue decisivo para que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) archivara el juicio político planteado en su contra por la asambleísta Jeannine Cruz (CREO), Aampetra decidió, ahora sí, imputarle (a él y a su sucesor, Fredy Peñafiel) toda la responsabilidad política del escándalo. Sin embargo, la información a partir de la cual se establece esta responsabilidad ya era conocida por Aampetra en noviembre pasado. El plazo para enjuiciar políticamente a Espinosa ya venció. Peñafiel es sujeto de fiscalización hasta mayo.

A Héctor Muñoz (SUMA) esta demora le indigna y así se lo hizo saber a la presidenta Silvia Salgado en cuanto se abrió el debate. Ella se mosqueó. Le pidió no “poner en duda la falta de seriedad” de la Comisión (así dijo) y negó toda responsabilidad en el archivo del juicio. Muñoz insistió, se interrumpieron, se increparon, subió el volumen de las voces y el asambleísta de SUMA terminó por levantarse de la mesa y abandonar la sesión. La madre de una niña víctima de violación lo siguió hasta el pasillo, le rogó que volviera, lo convenció. Se reintegró Muñoz y logró incluir en el informe un punto clave: el pedido de que toda la información sea remitida a Fiscalía. La oposición no pierde la esperanza de juzgar a Augusto Espinosa por encubrimiento.

Más adelante, también la representante de los familiares de las víctimas del caso Aampetra, Amparo Molina, se quejó de la tardanza y la encontró sospechosa. “Es lamentable -dijo- que estemos a expensas del poder político”. En una sesión donde las responsabilidades de Espinosa estaban claras para todo el mundo, no fue el contenido del informe, sino sus tiempos, el motivo de debate. El caso es que la propia presidenta, al instalar la sesión, había tratado de disimular la demora con una mentira piadosa: “Vamos tres sesiones tratando de aprobar este informe”, dijo. Falso: era la primera vez que la Comisión lo conocía.

Ni siquiera los propios correístas (hay tres en la Comisión) pudieron salvar a Espinosa. La víspera, sus compañeros de bancada habían aparecido con él, en gesto de respaldo, cuando renunció a la presidencia de la Comisión de Educación sin decir palabra sobre los abusos sexuales cuya responsabilidad política se le atribuye. Ayer, en cambio, Franklin Samaniego no se dejó ver y Juan Cárdenas y Amapola Naranjo, aunque trataron de atemperar el contenido del informe y postergar su aprobación, terminaron votando a su favor.

Amapola Naranjo pidió que la responsabilidad política se repartiera entre los distintos niveles del sistema educativo (es decir, entre los subordinados de Espinosa). Juan Cárdenas puso sobre el tapete una comparación que hizo reír a más de uno: según el, responsabilizar al exministro es como culpar al Papa por los casos de pederastia en la Iglesia.

Salgado se los sacó de encima con un argumento contundente: se trata de un informe de control político y solamente puede referirse, por tanto, a aquellos funcionarios que son sujetos de ese control por parte de la Asamblea. En este caso, la autoridad mayor del Ministerio de Educación.

El informe se aprobó por unanimidad. Será entregado a la presidencia de la Asamblea con el pedido expreso de remitirlo a Fiscalía y Contraloría. Quizás Espinosa se salvó del juicio político, pero su caída en picada parece no haber concluido aún.

Encubrimiento

Lo que calló el ministro

¿Puede Augusto Espinosa ser juzgado por encubrimiento? Aampetra demuestra que, cuando ministro, conoció directamente los casos de abuso sexual en La Condamine y no sancionó, auditó ni intervino el colegio. Además, muchos de los casos que se jacta haber resuelto fueron sancionados apenas con suspensión temporal de los implicados.