Abogados alertan situación de Jorge Glas a relatorías de ONU

Los abogados de Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador en el Gobierno de Rafael Correa, enviaron una comunicación urgente a dos relatorías de las Naciones Unidas (ONU) alertando de la situación de su defendido, recientemente excarcelado gracias a un polémico habeas corpus.

La comunicación se presentó ante el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, y ante la relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

"Tras la concesión del habeas corpus existen riesgos de que se vuelvan a repetir las acciones de 'Lawfare' contra Jorge Glas", afirma el equipo legal.

Argumentan su acción con base en resoluciones a favor de organismos internacionales que ha tenido Glas en los últimos años y "en la degradación de su estado de salud, demostrada, a través de múltiples certificados emitidos por médicos públicos y privados, motivo principal por el que se le concedió el habeas corpus", según su comunicado.

Los letrados recordaron que una resolución de 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Glas, para garantizar la preservación de su vida y salud, y solicitó al Gobierno la necesidad de adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del mismo.

Además, la CIDH solicitó el establecimiento de una "Comisión Técnica", integrada por médicos del Ministerio de Salud y privados, con el fin "de garantizar el respeto a la salud e integridad física y psicológica del mismo".

Posteriormente, dicha Comisión "atestiguó la gravedad y multiplicidad de problemas de salud encontrados en el beneficiario de las medidas cautelares", reza el escrito.

Del mismo modo, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas emitió un dictamen en 2021 en el que expresaba su "gran preocupación por el deterioro de la salud" de Glas, así como por "las condiciones de peligro en las cuales se encontraba detenido".

Urgió entonces al Gobierno a adoptar acciones inmediatas para resguardar su seguridad y bienestar, incluyendo el otorgamiento de medidas alternativas a la detención, tales como la liberación anticipada u otras medidas no privativas de libertad.

Si bien, el habeas corpus concedido podría ir en esta dirección, la defensa de Glas alega riesgo de falta de independencia de los jueces que van a conocer de la apelación planteada y teme presiones.

"Si tras tomar una decisión, un juez es presionado por todos los poderes e incluso se encuentra en riesgo de perder su trabajo, estamos ante un caso claro de 'Lawfare'", consideran los abogados.

VIGILANCIA PERMANENTE

Los ministros de Gobierno, Francisco Jiménez, y de Interior, Patricio Carrillo, reiteraron el martes que harán su mayor esfuerzo para mantener vigilado a Glas, que ya cuenta con un seguimiento policial permanente.

No obstante, precisaron que no es posible garantizar al 100 % que no pudiera fugarse o solicitar asilo político en una embajada, pese a que entre las medidas restrictivas impuestas por el juez está la prohibición de abandonar el país y la obligación de comparecer una vez al mes ante un juzgado.

Los dos ministros defendieron la intención del Gobierno de revertir la medida a través de los mecanismos judiciales, sin una intervención del presidente o del Ejecutivo que vulnerase la división de poderes en la que se basa una democracia.

Jiménez también detalló que se solicitaron a la Justicia medidas más restrictivas que permitan una vigilancia más detallada de Glas, como comparecencias más frecuentes ante el juzgado y el uso de un grillete electrónico, que permita saber la ubicación de la persona en todo momento.

Jorge Glas entró en prisión a finales de 2017 y fue condenado a 8 años de cárcel por "asociación ilícita" en un caso relacionado con la trama de sobornos de la compañía brasileña Odebrecht, mientras que luego también fue sentenciado en otro caso de financiación ilegal de su movimiento político.

Glas fue vicepresidente durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y también por pocos meses de su sucesor, Lenín Moreno (2017-2021).