Los abogados de Rafael Correa y Jorge Glas aspiran al Consejo de Participación Ciudadana
Alembert Vera y Eduardo Franco Loor están en la lista de candidatos. Defendieron al expresidente y al exvicepresidente en el caso El Universo y el caso Odebrecht, en ese orden. Cuatro de los siete vocales actuales buscarán la reelección
Son 191 los aspirantes, entre hombres y mujeres, a ocupar los siete puestos principales y siete suplentes dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en las próximas elecciones del 5 de febrero del 2023. En la lista destacan algunos nombres conocidos por sus vínculos con figuras políticas. Eduardo Franco Loor es uno de ellos. Fue abogado del exvicepresidente Jorge Glas en el caso Obebrecht. Otro nombre que destaca es el de Alembert Vera, también abogado del expresidente Rafael Correa en el caso El Universo.
La lista es larga y aparecen otros nombres como el de Andrés Mendoza Paladines, expresidente de la Empresa Pública de Agua Potable de Guayaquil, vinculada al Municipio de la ciudad; Roberto Gilbert, médico y exconcejal de Guayaquil por el Partido Social Cristiano; Andrés Fantoni, excoordinador del Registro Civil en la zona 8; Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral; Zaida Rovira, exdefensora del Pueblo.
También están quienes quieren mantenerse en el cargo. Los consejeros David Rosero, Juan Javier Dávalos, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán han presentado sus candidaturas a la reelección. En la lista publicada por el CNE no figuran los nombres de los consejeros Sofía Almeida, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira.
A la 23:59 de ayer, 22 de junio del 2022, terminó el plazo para presentar las denuncias en contra de las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hasta las 18:06 de ayer, se habían presentado 173 denuncias en todo el país.
Desde el pasado 19 de junio, el Consejo Nacional Electoral receptó las quejas ciudadanas sobre el incumplimiento de los requisitos o las prohibiciones e inhabilidades en las que las candidaturas hayan incurrido. Estas deberán atravesar un proceso de revisión y posterior análisis dentro del pleno del CNE.
