Aborto: una disputa eterna sin muchos avances en Ecuador

'Rosa' (nombre protegido) tenía apenas 16 años cuando se vio expuesta a una situación de la que en ese entonces desconocía: un aborto. Antes de ese momento nunca había escuchado esa palabra y tampoco sabía que implicaba.

Ser madre no estaba en sus planes, pero el precario o nulo acceso a información sobre educación sexual y anticonceptivos la llevó a formar parte de las alarmantes cifras de embarazos adolescentes que desde hace años se registran en Ecuador, que ocupa el segundo lugar en la región donde la tasa específica de fecundidad adolescente no ha disminuido en los últimos años, según un estudio de Fundación Desafío.

Esta era una realidad de la que 'Rosa' no quería formar parte, por lo que tomó la decisión de interrumpir su embarazo. No recuerda con precisión como consiguió el lugar donde se practicó el procedimiento, ni cuanto tuvo que pagar para acceder al mismo; pero sí tiene muy presente el temor que sentía a ese momento. "Recuerdo el miedo y no a la intervención como tal, sino a todo lo que implicaba estar embarazada", precisa.

Ese pánico es el mismo que la llevó a no pensar ni averiguar los riesgos que implica un aborto en condiciones de clandestinidad. La Organización Mundial de la Salud estima que en todo el mundo se realizan 25 millones de abortos riesgosos al año y solo en Ecuador, según el último reporte de Muertes Maternas, el 15,6% de las mismas corresponden a esta práctica realizada en condiciones de clandestinidad.

El no caer en esa cifra es lo que hace a 'Rosa' describir esta experiencia como una "fortuna inusual". 

Esta experiencia, ocurrida hace más de 15 años, no discrepa mucho de la realidad actual sobre el tema en el país. El trabajo en materia de salud sexual y reproductiva ha dado algunos pasos, pero que se quedan cortos ante la coyuntura que se vive.

Para Thalíe Ponce, gestora de incidencia política del Centro Ecuatoriano para la Acción y Protección de la Mujer (CEPAM), el debate sobre el aborto debe también estar enfocado en desarrollar políticas publicas que garanticen educación sexual, acceso a anticonceptivos y en general a todos los derechos sexuales y reproductivos que el Estado debería otorgar.

EXPRESO solicitó información al Ministerio de Salud sobre las políticas que adoptará el nuevo gobierno para controlar y gestionar esta problemática, pero hasta el cierre de esta edición no ha recibido respuesta.

Los vacíos también vienen de la mano de falta de acompañamiento a mujeres que se enfrentan a embarazos no deseados. Las escasas opciones para acceder a información sobre las alternativas que tienen se suman al problema.

Ese es el escenario que vivió 'Rosa', quien pasó ese momento sin mayor guía. Ella debió atravesar ese proceso parcialmente en solitario, algo que cree también viene condicionado por la incapacidad para hablar del tema en una sociedad como esta.

Con el pasar de los años no se ha arrepentido de su decisión, cree que fue lo correcto en un momento de su vida en el que no estaba preparada para ser madre, por lo que a pesar de que no fue una situación fácil, apela a que un día otras mujeres tengan la oportunidad que ella no tuvo de acceder a un aborto seguro sin penalización.

Del lado de los movimientos 'provida' la situación no es vista de la misma forma. Kristyn Pita, activista por esta causa, cree que legalizar el aborto implicaría "atentar a los derechos del niño por nacer". Agrega que no hay "razón legal ni científica" para permitir esta práctica de forma libre en Ecuador.

Concuerda con que es importante promover la planificación y prevención como herramientas para frenar los embarazos no deseados, pero exhorta a que las políticas públicas vayan encaminadas por ese rumbo.

Referente a despenalización, en abril de 2021, la Corte Constitucional dio paso al aborto legal en casos de violación, tras declarar la inconstitucional de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que permitían el aborto solo en caso de peligro para la madre o violación a una mujer con discapacidad. Un hecho catalogado de histórico en el país.

No obstante, el acceso a este procedimiento bajo estas causales sigue viéndose condicionado en algunos casos por los operadores de salud. Así lo señala CEPAM, que ha atendido denuncias de mujeres a las que se les ha negado este servicio, por lo que el centro brinda asesoría para que se cumpla el acceso al mismo.

En caso de presentarse uno de estos casos, esta institución presta apoyo y acompañamiento legal a través de sus oficinas o de su portal oficial, donde se puede encontrar toda la información al respecto.

En tanto, el aborto sigue siendo penado cuando se produce bajo todas sus demás causales. El debate sobre legalizarlo por completo o continuar penalizándolo se ha presentado en múltiples ocasiones en el escenario social y político (con cierta superficialidad), por lo que urgen medidas que frenen el progreso de la clandestinidad y la reproducción no planificada.