El acceso a una justicia libre de violencias une a las instituciones

Este lunes 29 de julio se firmó en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito el “Acuerdo Nacional por el Acceso a Justicia para una Vida Libre de Violencias”. Con la suscripción del documento se crea la Comisión Mixta Nacional de Acceso a Justicia del Ecuador brindará respuestas eficaces para garantizar el acceso a la justicia y de seguimiento de las víctimas, con especial atención en unir esfuerzos en su restitución de derechos, a través de una efectiva protección integral. Habrá participación ciudadana.

Se aspira que para 2020 se pueda fortalecer la justicia especializada en el Ecuador y superar prácticas de discriminación y revictimización garantizando actuaciones comunes para asegurar que niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidades, LGBTI y las personas en situación de movilidad humana cuenten con la asesoría y representación técnica legal y decisiones judiciales oportunas para reducir las vulnerabilidades y el riesgo que trae la violencia a sus vidas.

El vicepresidente Otto Sonnenholzner participó del evento. Recordó que “seis de cada diez mujeres en el Ecuador han sufrido algún tipo de violencia y eso debe cambiar”.

La ciudadanía no será mera espectadora. El sistema de justicia trabajará articuladamente con ciudadanos y con el Ejecutivo. La aspiración es asegurar la protección integral de derechos, a través de los ejes de prevención, protección, sanción para la erradicación de los ilícitos de violencia, especialmente de carácter sexual y el femicidio. La presidenta del Consejo de la Judicatura María del Carmen Maldonado recordó que desde agosto de 2014 hasta la actualidad se han producido en el país al menos 342 femicidios. La presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, aseguró que con la suscripción del documento se apunta “a un sistema que garantice el verdadero acceso a la justicia, derecho que sirve como herramienta para el cumplimiento, protección y materialización de los demás derechos humanos.

La fiscal general Diana Salazar señaló que la firma de este Acuerdo “compromete más a las instituciones encargadas de velar por la justicia, para alcanzarla. Es importante recuperar la confianza de la gente, con la firmeza necesaria para evitar la impunidad”.

El acuerdo movilizó 16 acuerdos zonales y provinciales, la voluntad y el compromiso de 3.100 líderes sociales y de organizaciones de mujeres y derechos humanos, 160 gobiernos autónomos descentralizados, 21 gobernadoras y gobernadores y ocho asambleístas. Además, se formaron 16 grupos promotores ciudadanos para la exigibilidad de los acuerdos.