Acción Jurídica Popular denuncia por incumplimiento al nuevo ministro de Salud

Acción Jurídica Popular ha presentado una denuncia en contra del actual ministro de Salud, Mauro Falconí, por incumplimiento de decisiones de autoridad competente por, aseguran desde el colectivo, negarse a entregar la lista de vacunados y los términos de los contratos para la compra de vacunas, según lo dispuesto por una jueza constitucional.

"Nosotros pusimos una acción de acceso a la información pública y una jueza constitucional ordenó que entreguen la información. Le dio (al Ministerio) 15 días para que entregue la información, incluso hubo una resolución que aclaró más el plazo y le dio dos días más para que informe si entregó o no. Al cumplirse los dos días nos envían un correo electrónico indicándonos de que ellos no pueden darla porque supuestamente sería confidencial", menciona el abogado Richard Gonzáles, miembro del colectivo.

Según Gonzáles, la confidencialidad de las listas "ya no está en discusión", pues la jueza ya determinó con la sentencia que esa información era de acceso público. "La abogada del ministro actual es la que nos ha dicho que no se puede y por eso nosotros pusimos ayer la denuncia por incumplimiento de decisiones de autoridad competente, que en este caso es la jueza constitucional", agrega.

Según el documento firmado por el coordinador de asesoría jurídica de Salud y enviado a Acción Jurídica Popular, el Ministerio asegura que "no es pertinente remitir bases de datos nominales sobre el petitorio ya que es deber de esta Cartera de Estado salvaguardar la información de los ciudadanos".

Sin embargo, a quienes sí han entregado las listas, según aseguró el pasado martes el ministro Falconí, es a la Fiscalía General del Estado, pero en el marco de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias que se abrió en contra del exministro Juan Carlos Zevallos.

"Sí, las listas están ahí, el problema es que la indagación previa que se está realizando es reservada y por eso no se las puede hacer pública. Nosotros pedimos copias, porque así nos autoriza la ley, de todo para poder impulsar esa investigación y nos sacaron de la investigación por pedir copias. Por eso también pusimos una acción de protección en contra de la fiscal general", explica Gonzáles.

Con esta denuncia, el colectivo espera que la fiscal llame al ministro Falconí para que explique "por qué no quiere entregar y acatar la orden de la jueza". También están pidiendo que se recepte la versión de la magistrada para que refiera qué es lo que ha dictado. Esperan que la Fiscalía ordene pronto estas diligencias.