Acciones conexas para minar la designación del contralor del Estado
Decisión judicial activa el aparataje correísta. La resolución es inejecutable. Pero sirve para afianzar el discurso de irregularidad en concurso
Generar ruido, aunque sea sin aparente sentido. Precisamente este 28 de diciembre de 2023 Mauricio Torres Maldonado cumple un mes al frente de la Contraloría General del Estado (CGE) y quienes aspiraban a captar ese importante espacio de control no cesan en su afán de generar dudas y zozobra, desde varios frentes, en torno a la designación.
La Sala Penal sobre Delitos de Corrupción y Crimen Organizado de Pichincha emitió una decisión, con fecha del 22 de diciembre de 2023, en la que dejan sin efecto la acción de protección, de inicios de este año, que le permitió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) continuar con el incidentado proceso, usando uno de los tantos reglamentos que fueron modificados en el camino.
De eso se hicieron eco los medios y plataformas afines al correísmo tomando como fuente a una persona que se identificó como Ernesto Pazmiño Chávez que señala haber sido candidato a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana. Según su interpretación, “en estricto derecho (la decisión judicial) retrotrae las cosas al momento antes de dicha sentencia ergo todo lo actuado a partir de eso es nulo. No hay tal contralor”, escribió.
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“El objetivo es coptar, a toda costa, la Contraloría General del Estado”, dijo el abogado constitucionalista André Benavides que recordó que, mientras estuvo del presidente del CPCCS Alembert Vera, todo estaba dirigido a que un afín al correísmo ocupe el cargo, pero ese plan se les “cayó” con la destitución de Vera, por parte de la Corte Constitucional.
El objetivo de cierto grupo es coptar la Contraloría General del Estado. Implantar la idea de las irregularidades para luego alegar que hay falta de legitimación.
El jurista reconoce que existe la decisión judicial, pero que esta llegó de forma tardía, porque en este momento hay una situación jurídica consolidada: terminó el concurso, ya no existe la comisión ciudadana de selección y el contralor fue posesionado por la Asamblea Nacional, el 28 de noviembre, y está en funciones. Es decir, no hay forma de retrotraer el proceso.
¿Entonces qué se busca? “Quieren establecer la idea de que hubo irregularidades en la designación para luego alegar falta de legitimación del contralor”. En la Asamblea, la misión de revisar el concurso está en manos de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social en donde el correísmo tiene cuatro de nueve integrantes y han buscado la forma de acelerar la fiscalización, aunque no siempre con éxito.
Este es el gran problema del país: nunca nadie está conforme con nada. Si hay 20 personas que participan 25 interponen recursos para obstaculizar.
El abogado Julio César Cueva coincide en señalar que las cartas están echadas y que incluso hay no menos de seis sentencias de la Corte Constitucional en el sentido de que al haber una situación jurídica consolidada, con Torres declarado ganador, posesionado y en funciones, lo decidido por los jueces provinciales se vuelve inejecutable.
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“Si de algo puede servir esta sentencia emitida por los jueces de Pichincha es para que la Corte Constitucional la recoja y, a través de una revisión de sentencia, que lo puede hacer de oficio, establezca una regla para casos futuros con el objetivo de evitar estas intenciones de generar caos. Pero además, verificar si amerita una sanción a los jueces”, señaló el jurista.
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