Las acciones constitucionales evidencian corrupción judicial
Sin sorteos, los casos se presentan a kilómetros de distancia de los domicilios o lugar de los hechos. Pichincha y Guayas resuelven más acciones de protección
Los que abusan de las medidas de garantías constitucionales siguen un patrón de comportamiento.
En lugar de presentar sus pedidos, ya sea la acción de protección o el habeas corpus, en los sitios más cercanos a sus domicilios o donde ocurrieron los hechos, viajan cientos de kilómetros en busca de un juez.
El abogado de Jorge Glas llevó su caso 511 kilómetros de distancia de donde cumplía dos condenas. Logró sacarlo de la cárcel con un habeas corpus. Con el fallo se dejó al descubierto un sistema de corrupción judicial, que implica la extralimitación de las funciones de los jueces, no en pocos casos, a cambio de dinero.
En 2021, una farmacéutica con sede en Manabí y que proveía de medicinas al Hospital Básico de Esmeraldas presentó una acción de protección en contra de este centro de salud. La causa no la presentó en Manabí, donde era su sede, ni en Esmeraldas. La llevó a la Unidad de la Familia de Guayas, en donde el caso ingresó con un falso sorteo.
Su caso fue denunciado ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por Mauricio Riofrío, quien entonces se desempeñaba como director de la Judicatura. En ese entonces se investigaba en la Unidad Judicial de Iñaquito, en Quito, en donde llegaron media docena de causas sin sorteo.
Entre estos casos estaba el habeas corpus de Jaboco Bucaram, con el que logró ser excarcelado y llevado a un arresto domiciliario en Guayaquil.
Algo similar sucedió con dos causas en contra de la Empresa de Aseo de Quito. Sin justificación el caso se llevó a Guayaquil, en donde los jueces ordenaron pagar más de $ 3 millones al consorcio que vendió los camiones recolectores.
Los datos del Consejo de la Judicatura muestran que Pichincha, Guayas y Azuay son las provincias con más número de acciones de protección presentadas y resueltas (ver infografía).
Pero en la lista también aparecen otras provincias en donde, en los últimos años, han recibido cientos de acciones de protección. Están Cañar, Loja, Manabí y El Oro.
El actual presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, reconoce que hay un abuso de estas figuras legales. “Hemos advertido un abuso de las medidas de garantías jurisdiccionales, un abuso en la acción de protección, un abuso del habeas corpus”, dijo en una entrevista televisiva.
Según el presidente, una forma de frenar este abuso es crear jueces especializados. “Se consultó a la Procuraduría General del Estado sobre la creación de unidades especializadas en garantías jurisdiccionales para evitar que jueces de Tránsito, Multicompetentes o Laboral, conozcan este tipo de casos que requieren especialidad en materia constitucional”.
Murillo en 2021 logró quedarse en el puesto como vocal de la Judicatura a través de una acción de protección que presentó a un juez de Garantías Penales de Babahoyo.
Presentó la demanda a las 23:44 del 24 de abril. 10 minutos después, el juez falló a su favor, ordenó medidas cautelares y redactó una sentencia de 24 páginas. Así fue como frenó la decisión del Consejo de Participación Ciudadana que ordenaba su remoción del cargo.
Ayer, tras conocerse que alias JR, líder de Los Choneros, también recurrió a la vía del habeas corpus para salir de la cárcel, aunque tenga dos condenas por asesinato, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, calificó de “excesos” que nos ponen en “desventaja frente al crimen organizado”.
“Es necesario reformar la ley para limitar el uso, la acción de habeas corpus no debe estar a favor de los delincuentes. El país está tomado por la delincuencia organizada”, agregó el jurista Gustavo Medina.
Pesquisas en la Fiscalía
La Fiscalía tiene dos investigaciones sobre la falta de sorteos en las acciones de protección y la corrupción judicial. En octubre de 2021, EXPRESO publicó una nota titulada ‘Sistema de jueces a la carta’, en donde se informaba cómo actuaban las redes de corrupción. Por ejemplo, en Quito, los expedientes, que en realidad eran acciones de protección y de medidas cautelares, se registraban en el sistema como demandas de cobro de honorarios. Los casos ingresaban fuera de los horarios laborales y se usaban las claves de los funcionarios judiciales que laboraban en despachos distantes al sitio en donde se presentó la causa. El caso sigue en investigación.
- Cita. Tras la salida de Glas, la Corte Nacional pidió a la Corte Constitucional una reunión para tratar el tema.
