Acciones extraordinarias de protección fue el mayor reto de la Corte Constitucional
Alí Lozada presidió la que podría ser su última sesión al frente del organismo antes de la renovación parcial de la Corte
Este 27 de febrero de 2025, la Corte Constitucional realizó una evaluación de su gestión en el periodo 2019-2025, a pocos días de su renovación. Durante la sesión, se aseguró que el organismo está al día en el trámite de admisión de causas, aunque aún quedan pendientes varias acciones extraordinarias de protección.
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La jueza Carmen Corral fue la encargada de presentar el primer balance, en el que resaltó los avances en la digitalización de los procesos y el desbloqueo de causas que quedaron pendientes de la anterior Corte Constitucional.
Corral, quien también ocupa la vicepresidencia del organismo, informó que la Corte ha resuelto 22.272 autos desde 2019, dejando únicamente 457 pendientes. Explicó que, en promedio, ingresan cerca de 400 causas mensuales, lo que ha requerido un esfuerzo continuo para mantenerse al día en la admisión.
Asimismo, subrayó que las acciones extraordinarias de protección representan casi el 90% del trabajo de la Corte. En cifras, esto se traduce en la emisión de 5.289 sentencias desde 2019.
Las acciones extraordinarias de protección, el mayor reto de la Corte
El presidente de la Corte, Alí Lozada, también se refirió a la carga que representan las acciones extraordinarias de protección. Señaló que esta situación ha limitado la capacidad del organismo para abordar otras funciones fundamentales relacionadas con el control constitucional.
"Las salas de admisión evalúan alrededor de 120 casos anuales de control constitucional, en comparación con cerca de 3.000 acciones extraordinarias de protección por año", indicó Lozada.
En febrero de 2019, la Corte registraba 2.840 acciones extraordinarias de protección. Ese mismo año se admitieron 376 adicionales. Para inicios de 2025, la cifra de acciones pendientes se redujo a 789.
Seis años de gestión en cifras
Cuando la actual Corte asumió funciones en 2019, existían cerca de 8.000 causas acumuladas. De estas, 3.530 estaban pendientes de sustanciación, 2.970 aguardaban admisión, 1.100 no tenían trámite y 166 estaban sin sentencia.
Para abordar estos rezagos, los nueve jueces establecieron cuatro pilares estratégicos de trabajo. Según Corral, uno de los más importantes fue la celeridad en la gestión de causas. Como parte de esta estrategia, se implementó el sorteo electrónico de expedientes.
Otro pilar clave fue la lucha contra la corrupción. Una de las medidas adoptadas en este sentido fue la atención de las causas en estricto orden cronológico. Se estableció que únicamente el Pleno de la Corte podría aprobar excepciones a esta norma.
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