Las acciones de la Fiscalía se reflejan en libertad de JR

Luego de que el presidente Guillermo Lasso responsabilizó a la justicia ecuatoriana y a la Fiscalía por la liberación del “más grande y peligroso delincuente”,  Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR. La Corte Provincial de Justicia justificó a los jueces del caso porque se basaron en 299 documentos del cumplimiento de requisitos y de buena conducta que el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) presentó para dar la excarcelación.

El pasado 15 de diciembre, el juez Julio Aldás otorgó el beneficio de la prelibertad y mientras JR era transportado al cantón El Triunfo con una custodia de 36 hombres divididos en 10 vehículos fuertemente armados, policías los detuvieron como parte de un operativo de rutina; decomisaron las armas y los capturaron en delito flagrante por tenencia de armas. El fiscal Julio Sánchez se abstuvo de acusarlo.

“La jueza Espléndida Navarrete concedió su libertad por considerar que estaba arbitrariamente detenido y lo hizo porque no constaba ninguna orden de privación de libertad”, dijo este 15 de febrero de 2023 en rueda de prensa la presidenta de la Corte de Justicia en Guayas, Fabiola Gallardo.

El abogado penalista Pablo Encalada puntualiza que el procedimiento legal adoptado por los jueces es el correcto pero insta a ver más allá de la salida inmediata de JR, porque apunta que la Fiscalía no ha cumplido con su rol investigativo y el procesamiento de cargos por los delitos acorde a lo cometido.

“Me parece increíble que a ‘vox pópuli’ se lo conoce y hay evidencia que es líder de Los Choneros, ahí ya puede ser procesado por delincuencia organizada y no hay un solo caso de ello; es justamente esta banda a la que se le atribuyen las masacres carcelarias y ahí también hay otro caso que puede tratar delitos como terrorismo o asesinatos y muchos más. Entonces como no hubo, ni hay ese trabajo bien hecho de la Fiscalía, obtuvo su libertad el 3 de febrero y se lo atrapa en medio de un operativo donde encontraron armas y que después se abstienen de acusarlo”.

De acuerdo al artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), dicho delito se sanciona con cinco a siete años de cárcel.

Diario EXPRESO solicitó a la Fiscalía General del Estado un pronunciamiento sobre la actuación de los fiscales encargados del caso y hasta el cierre de esta edición no emitieron respuesta alguna. Lo propio con el SNAI, se pidió una entrevista con quien corresponda sobre el informe de buena conducta y de salud mental de JR    pero tampoco se atendió al requerimiento.

En la Función Judicial registra alrededor de 20 procesos por diferentes delitos, como asesinatos, ingreso de artículos prohibidos, robos, daños a bien ajeno, entre otros casos. Y al interior de las prisiones le tienen miedo sobre todo porque conocen que se trata de alguien que, al menos en el pasado, fue sanguinario y resolvía todo con violencia, como hizo en 2007 con su cuñada, Diana Reyes Palma, a quien mató solo porque no le habría dicho en qué lugar estaban su cónyuge y sus hijos, según consta en el proceso que se abrió en su contra y que lo llevó a ser detenido el 13 de enero de 2009 y a una sentencia de 25 años de prisión.

Además, en  informes del extinto Ministerio de Justicia hay registros de la conducta agresiva del interno. El escrito que data del año 2015, hace referencia que Roldán golpeó con puños a un policía que operaba en la cárcel Regional. El privado de libertad se encontraba en estado etílico según el documento.

Para el experto en seguridad Daniel Pontón, la liberación de JR es “complicada” para el Estado ecuatoriano como tal “primero políticamente es un problema, porque al ojo público queda como un Gobierno permisivo  sí hay independencia de funciones, pero también hay un marco jurídico que rige y que no se ha aplicado la ley como debe de ser”.

Sobre este punto, también coincide el penalista Encalada, porque cuestiona que en vista de los problemas de seguridad en las cárceles, el mismo presidente Lasso pudo establecer una acusación particular.

Además de este panorama, Pontón enfatiza que la liberación de JR es una “oda a la impunidad que va a generar una creciente espiral de violencia, mucho más de la que hemos vivido en los dos últimos años”.

El experto agrega que esta situación puede generar una especie de sentimiento colectivo en el que “la gente puede hacer lo que se le da la gana porque no hay una verdadera seguridad y sanción”. Pontón sugiere por lo pronto, reforzar las acciones de seguridad en los barrios, ciudades y cárceles del país, pues desde hace varios meses se percibe tensión por la expectativa de la libertad de JR.

Proceso de JR 

• 15/12/2022

El juez Jorge Aldás otorgó la prelibertad a JR con base en documentos del SNAI.

• 15/12/2022

En la noche, JR es detenido durante un operativo vía a Samborondón-Salitre, junto a unas 36 personas, por el supuesto delito de tráfico de armas de fuego.

• 16/12/2022

Se inicia audiencia de formulación de cargos en Daule. Jueza Dirce Guzmán dicta prisión preventiva.

• 3/2/2023

El fiscal Julio Sánchez emitió dictamen abstentivo a favor de JR, por lo que jueza dictó sobreseimiento.

• 14/2/2023

Se otorga libertad con habeas corpus, por considerarse una detención arbitraria al mantenerlo detenido pese a sobreseimiento.