Las acciones de Yunda ya dejan cuatro destituciones
Los involucrados en los sorteos irregulares de sus pedidos fueron separados. Las sanciones las impusieron el Tribunal Contencioso y la Judicatura
El exalcalde de Quito Jorge Yunda dejó la Alcaldía de Quito y con él arrastró a varios funcionarios judiciales. De momento son cuatro afectados. Pero pudieran ser más. Raúl Mariño y Cenia Vera, jueces de la Corte de Pichincha, María Belén Domínguez, Daniela Andrade jueza y ayudante judicial de la Unidad de Violencia, son los primeros daños colaterales que dejó el caso Yunda.
Los dos primeros fueron destituidos por el juez Ángel Torres del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que los señaló como responsables de una infracción electoral grave. Las segundas fueron sancionadas con separación de los cargos por el Consejo de la Judicatura.
¿La razón? Una acción de protección presentada por Yunda para evitar que quede en firme su remoción resuelta por 14 concejales el pasado 3 de junio.
El problema no fue la acción en sí sino la presentación irregular del recurso que fue conocido inicialmente por la jueza Domínguez y admitida por la Judicatura. La exjueza fue suspendida por 90 días el 8 de julio. Jessica Jaramillo, una de las impulsoras de la remoción de Yunda, evidenció que el recurso se presentó como un caso de violencia y no como acción de protección. Eso, según María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura, redujo el número de jueces, de más de 100 que podían sustanciar el pedido del exalcalde, a menos de una docena de judiciales.
Pero Domínguez solo concedió de forma parcial el recurso. En apelación, dos jueces de la Corte de Pichincha resolvieron dejar sin efecto la remoción y fueron destituidos por el TCE.
La Judicatura suspendió a los investigados y el lunes, en una primera resolución, determinó que Domínguez y Andrade, investigadas por su participación en el sorteo de la acción de Yunda, cometieron irregularidades. Eso confirmaron las investigaciones y el sumario respectivo.
En el caso, la Corte Constitucional al resolver la acción extraordinaria de protección que presentó el actual alcalde Santiago Guarderas, derivada de la actuación de Domínguez, cuestionó las actuaciones de los jueces en la causa. Pero la Judicatura aseguró que no emitió una declaración de error inexcusable o manifiesta negligencia.
En el Consejo aún hay pendientes procesos disciplinarios abiertos en contra de servidores que participaron en el sorteo de las acciones constitucionales de Yunda. Entre los que se encuentran en capilla está Gabriela Beltrán, la funcionaria que denunció la sustracción de usuario y contraseña para el ingreso de una acción de medidas cautelares que fue concedida por Carlos Soto y revocada por otro juez. Beltrán aseguró que está listo su informe de destitución.
Pero esa no es la única complicación que dejó el caso. La semana pasada se instaló en el Complejo Judicial Norte el juicio por posible peculado atribuido al exalcalde y a otras 13 personas. Ellos fueron investigados por la Fiscalía por anomalías en el caso de la adquisición de 100.000 pruebas PCR para detectar COVID-19 durante la pandemia en 2020.
El juicio concluirá a finales de octubre, según la programación del tribunal de la Corte de Pichincha. La sustanciación del juicio significó la incertidumbre para otros dos casos: la audiencia preparatoria de juicio en Las Torres y la formulación de cargos para la jueza Domínguez.
El abogado Pablo Encalada es defensor en ambos casos: en Las Torres y en las pruebas PCR. Dice que solicitó al juez “que tome en cuenta este particular para el agendamiento de la audiencia preparatoria, que tendría que ser una vez culminada esta diligencia”.
Mientras que en el caso Domínguez, quien debe formular cargos es el fiscal Alberto Santillán, el mismo que presenta las pruebas en el juicio a Yunda.
El detalle
Apelación. La destitución de los jueces provinciales aún puede ser apelada ante el pleno del Contencioso.
