Las agendas políticas ahogan a la participación y control social
Consejeros dan la cara en la Corte. Pasaron de fiscalizadores a fiscalizados. Veedurías y observatorios pasan inadvertidos para ciudadanos
La política le sigue ganando a la participación. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) camina a lo que sería la cuarta destitución de un pleno del organismo que ha dado que hablar más por sus acciones polémicas ligadas a intereses políticos que por una verdadera y amplia inclusión de la población en las cuestiones de la vida pública.
Este lunes, desde las 10:00, los siete vocales comparecen ante la jueza de la Corte Constitucional (CC) Teresa Nuques que sustenta la causa de seguimiento ante un posible incumplimiento, por partida doble, del dictamen que blindó las decisiones del Consejo de Participación de transición liderado por Julio César Trujillo (+).
El ímpetu por ocupar el “rol fiscalizador”, a falta de la Asamblea Nacional, más las ‘coincidencias’ de algunos consejeros con la agenda de una organización política, la Revolución Ciudadana, les ha puesto en esta situación que podría tener como desenlace su temprana salida. (LEA ADEMÁS: "Consejera denuncia a Alembert Vera por supuesto delito de fraude procesal")
Ni bien asumieron en mayo, el primer objetivo fue la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Aceptaron de inmediato la denuncia de una organización que se denomina Acción Jurídica Popular y convocaron a audiencias para demostrar el supuesto plagio cometido por la funcionaria en uno de los trabajos que presentó como requisito para su designación.
Y aunque en su defensa, el presidente del CPCCS, Alembert Vera, asegura que el organismo no tomó decisiones sobre el nombramiento de Salazar, lo cierto es que la mayoría que domina el organismo aprobó un informe de investigación en el que se acordó entregar una denuncia ante la fiscal subrogante y notificaciones a la Contraloría, el Consejo de Educación Superior, la Universidad Central del Ecuador, entre otros.
Mientras tanto, otros temas siguen rezagados. Hace tres meses se anunció que el pleno resolvió conocer los informes de investigación sobre casos de corrupción que llevan parados, al menos, desde 2015. Doce de ellos, se dijo en un boletín del 28 de junio pasado, estaban prácticamente listos para ser tratados de forma reservada, y tanto ha sido el sigilo que no se ha vuelto a saber de ellos.
En los últimos días, las redes sociales y canales de comunicación del CPCCS se han inundado con testimonios de personas que aseguran haber sido capacitados en temas como fiscalización a la gestión pública, a través de las escuelas de formación, o para la conformación de observatorios ciudadanos, sin que este aspecto de la participación ciudadana sea aún un hecho palpable para la gran mayoría de la población.
Más agilidad hubo para aceptar la conformación de una veeduría ciudadana que revise las “atrocidades del trujillato”, como ha dicho Alembert Vera, la misma que fue ordenada por el juez de Montecristi, Leiver Quimis, que también ha sido llamado a la audiencia de hoy y que, de demostrarse que su decisión vulneró el dictamen de 2019, también podría ser destituido.
Esa es precisamente la segunda causa que lleva al estrado de la Corte Constitucional a los siete, aunque tres de ellos: Nicole Bonifaz, Mishelle Calvache y Xavier Fantoni se deslinda, porque no han sido parte de esa mayoría que secunda a Alembert Vera conformada por Yadira Saltos, Augusto Verduga y Johanna Verdezoto, aunque esta última ha tratado de desmarcarse quizás presumiendo el resultado negativo.
Para Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, la deuda histórica de esta relativamente joven, pero muy cuestionada institución, es precisamente no haber impulsado en ninguna de sus conformaciones la participación ciudadana y control social.
“Desde su origen el Consejo fue concebido como un ente para concentrar poder y consolidar el hiperpresidencialismo con la cooptación de instituciones. Aunque su disfraz es la participación ciudadana y control social, en esos temas ha servido para muy poco”, señaló Alarcón.
El detalle
Negativa. Alembert Vera solicitó que la audiencia se desarrolle de forma presencial y no virtual como dispuso la jueza Nuques. Su pedido fue descartado.
Decisión
Sin terceros interesados
La Corte Constitucional decidió no dar paso a los pedidos de intervención de los denominados ‘amicus curiae’. Hasta el viernes se presentaron cuatro: Acción Jurídica Popular (que cuestiona a la fiscal); Ecuador Resiste; Vinicio Tapia; y Gutemberg Vera, padre del presidente del CPCCS. Quien sí podrá intervenir es la fiscal general, Diana Salazar.¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
