Los agentes de doble vía, el talón de Aquiles de la Policía

El Índice de Paz Global de 2023 ubica a Ecuador en el puesto 115 de 163 países, debido a sus altos índices de violencia, corrupción arraigada y desigualdad estructural. La situación hace que la seguridad sea una prioridad en la política pública.

Y de acuerdo con la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada (ENDO), existe un 61 % de grado de infiltración de grupos criminales en las instituciones públicas, sociales y medios de comunicación.

La situación se ha reflejado con el caso Metástasis y la revelación de chats. La Policía Nacional no ha sido excepción.

Una muestra es lo que señala el estudio del Observatorio del Crimen Organizado que resaltó que en los casos procesados por delincuencia organizada entre el año 2015 y 2020 se encontró que en uno de cada 10 casos está la participación de policías en servicio activo.

Diario EXPRESO solicitó a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior el número de uniformados separados de la institución, al menos desde que se instaló el nuevo régimen, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta alguna.

Sin embargo, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, expuso el pasado martes que “Afortunadamente el bloque de seguridad que se está armando” con las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Policía Nacional “ha dado un resultado positivo”.

Pero también llamó a la ciudadanía a incentivar el amor y orgullo de lo nacional. “Ya basta de hablar mal de la Policía Nacional... Doy un voto de aplauso porque se está autodepurando porque ha dado pasos importantísimos hacia una nueva versión y visión como aliada de los ciudadanos”.

El Gobierno de Daniel Noboa renovó la cúpula de las FF.AA., y también hizo cambios en el alto mando policial, del cual señaló que cinco de los ocho agentes separados están procesados en el caso Metástasis y que además es parte del plan Fénix.

Para el experto en seguridad ciudadana, Jhon Garaycoa, deben existir cambios en los procesos de depuración, principalmente porque nunca se da a conocer cuántos han salido por corrupción u otros delitos y además porque a través de recursos legales logran quedarse o reintegrarse como si nada.

“Debe reglamentarse para que la opinión pública lo conozca. Es bonito decir que se hace algo, pero no sabemos si se cumple. Los procesos internos de la Policía son demorados y cuando se lo saca, interpone una demanda para integrarse y pide que se le pague todo el tiempo en el que no ha estado en funciones”.

El abogado penalista Juan José Hidalgo coincide en que el proceso de depuración debe ser informado porque se trata de una entidad pública que está para la protección del ciudadano. Pero si este tipo de acciones no se hace, difícilmente se podrá dejar de hablar mal de la policía como lo pide la ministra Palencia.

“El problema es que no hay presupuesto para la eliminación de los malos elementos, personal para la vigilancia, sí hay leyes para ello, pero al igual que otros cuerpos legales no se cumplen. Creo que sí se ha depurado, pero en algunos trayectos de la historia, pero esto es de acción permanente”.

Además, Garaycoa enfatiza también que no se debe dejar en la impunidad a los responsables de hechos que perjudican la seguridad de la nación; como por ejemplo: los uniformados responsables del funcionamiento del radar en Manabí. “Si es que no hay control para evitar a quienes trabajan para los grupos delictivos, peormente se va a poder combatir la inseguridad en las calles”.

• Hay seis delitos que predominan

La Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada se basa en el marco proporcionado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés).

El documento es el estudio del comportamiento de los grupos delictivos y sus alcances en el territorio. En Ecuador se identificó que operan en las siguientes aristas: tráfico de drogas, la trata de personas, tráfico de armas, minería ilegal, lavado de activos, extorsión e intimidación.

No obstante, se resaltó que los grupos delictivos tienen flexibilidad y capacidad de adaptación e intervenciones en las instituciones públicas y que  operan con tácticas y técnicas terroristas. Además, su alcance internacional o la operación con conexión internacional es del 84 %.