¿Qué otras medidas pueden tomarse para salvar al agua?

El estar conscientes de que el agua que la mayoría de los ecuatorianos y extranjeros beben, se bañan, riegan y utilizan para cocinar, lavar y realizar cualquier otra actividad no está totalmente descontaminada ha generado malestar en la ciudadanía. Sin embargo, sobre esto, ¿qué dicen los burgomaestres electos por el pueblo?

Algunos, desde sus equipos de comunicación, prefieren guardar silencio. Varios no responden los mensajes, como los cabildos de Guayaquil, Samborondón, Riobamba, Salinas, Machala, Bucay, Portoviejo, Manta, Nobol y Babahoyo.

Otros sí respondieron, pero presentaron excusas. Entre ellos Patricio Maldonado, alcalde del cantón Nabón y presidente de la Asociación de Municipios del Ecuador. Su relacionista pública dijo que “se nos complica en estos días, puesto que el presidente está cumpliendo una agenda fuera del país”. Se solicitó la entrevista por Zoom; hasta el cierre de la edición no respondió.

También excusaron al alcalde de Quito, Pabel Muñoz; “la agenda se cierra ocho días antes”. En cambio, “agenda apretada” o “llena” fue la excusa del burgomaestre de Cuenca, Cristian Zamora, para expresarse sobre esta competencia exclusiva de los municipios. También lo hicieron Mabel Tenezaca, alcaldesa de El Triunfo; Carlos Carriel, alcalde de Ventanas; Jherson Narváez, de Caluma.

Wilson Cañizares, alcalde de Daule, señala que el agua que captan para potabilizar es una que ha estado “estancada prácticamente” y que corre cuando abren las compuertas de la represa Daule-Peripa. Antes, cuenta que él nadaba en el río Daule, pero ahora sus aguas “no tiene la misma claridad que antes; no son cristalinas”. Pero eso no depende de Daule ni de la alcaldía, sino “de un órgano nacional”. Es por esto que dependiendo de lo que arroje un estudio, Durán tomará o no, del mismo lugar de donde también lo hace Guayaquil capta, esa agua para potabilizar, para dar a su gente, dice Luis Chonillo, burgomaestre de Durán.

René Bedón, abogado, experto en Derecho en Medio Ambiente, miembro de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas y exconcejal metropolitano de Quito, expone que la contaminación del agua es el principal problema que existe en Ecuador y este “obedece a una falta de planificación y a un mal manejo de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, y de los planes de uso del suelo”. ¿Por qué?

Bedón indica que los planes de ordenamiento territorial no agruparon a las industrias en zonas para que estas construyan las plantas de tratamiento de aguas residuales para que los ríos estén limpios. Es por eso por lo que estas están “regadas por las ciudades”. Y aunque los estragos de la contaminación no se sienten en las ciudades de la Sierra, sí en la Costa, señala.

Es por esto por lo que el exconcejal de Quito manifiesta que el tema del tratamiento del agua residual es un tema de presupuesto. Con ello concuerda Leonel Fuentes, abogado, consultor ambiental y decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil.

Por lo que Fuentes recomienda que el Gobierno Central busque líneas de créditos para poder solventar las necesidades de los municipios y que estos puedan invertir en saneamiento ambiental. Esto porque “si no garantizan el agua potable, menos van a poder garantizar el tratamiento del agua residual” por la falta de recursos económicos.

Sin embargo, hay que aplicar justicia, opina Bedón, por lo que propone que las ciudades andinas que están externalizando los costos ambientales, los internalicen. Es decir, “usted contamina, usted paga; el Municipio que contamina paga” porque el agua ya baja a la Costa contaminada.

La externalización de los costos se lo siente en los costos del agua potable, expresa Fuentes, porque el agua potable es menos costosa en la Sierra que en la Costa. Este tema hay que tratarlo técnica y financieramente, enfatiza Bedón, porque sin recursos no va a existir la posibilidad de hallar solución.

Por otro lado, el exconcejal denuncia que la Corte Constitucional no debe seguir declarando sujeto de derecho a los ríos, porque ese recurso no ha sido eficaz, como ha pasado con el río Monjas, tras tres años de esa declaratoria. Es por eso por lo que a su criterio lo que se requiere es un plan de reparación integral, en la que los jueces dispongan cómo se cobrarán esas tasas tras la declaratoria de daño ambiental; los demandados serán los alcaldes y los compradores municipales.

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