Mano de hierro para restaurar el agua proponen precandidatos

Una de las acciones en la que concuerdan los precandidatos a la Presidencia del Ecuador es exigir a los municipios que ejerzan su competencia. A eso se suma con reformar las actuales normativas vigentes y fiscalizar no solo a los cabildos, sino también a las entidades gubernamentales que no están haciendo la labor correspondiente.

EXPRESO pudo conversar con tres de los cinco políticos que ya tienen un respaldo manifiesto por parte de una organización política. No se logró con Leonidas Iza, del movimiento Pachakutik, debido a que se encontraba participando en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. Pedro Granja, quien iría por el Partido Socialista Ecuatoriano, no respondió a los mensajes de WhatsApp ni de Facebook.

Para Henry Cucalón, exministro de Gobierno y figura principal del movimiento Construye, la contaminación del agua “es el peor factor” y el que más contribuye a la desnutrición crónica infantil. “Por eso, ahora la lucha contra esta contaminación es mucho más radical”. Señala que esto es mucho más notorio en la región Amazónica y en los sectores rurales, el consumo de agua contaminada es más del 50 %; en la urbana es del 25 %.

Para el también exasambleísta por el Partido Social Cristiano, este “es un tema sumamente grave”, por lo que “entiendo la lucha y la reivindicación”. Pero en esto, “poco y nada se ha hecho”, denuncia Jorge Escala, docente, expresidente de la Unión Nacional de Educadores, exasambleísta constituyente y nacional, y principal cuadro del Unión Popular, porque los ayuntamientos no han tomado medidas para tratar las aguas servidas ni las aguas lluvias.

El problema no solo es de los municipios, observa Escala, también están involucrados el Gobierno central, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MATE) y Secretaría Nacional del Agua, es decir, “el Estado ecuatoriano es el principal causante de que las aguas estén contaminadas”. Aunque esto es competencia exclusiva de los municipios, enfatiza Cucalón, ya que así lo establece la Constitución y las leyes. “Pero todos estamos articulados”.

Sin embargo, Andrea González, activista ambiental, exvicepresidenciable y precandidata a Carondelet por el Partido Sociedad Patriótica, señala que el ministerio “no sirve para absolutamente nada”.

Esto, porque la principal función de esa cartera de Estado es la de emitir permisos y lo que necesita el país es una agencia de protección ambiental, el cual también libere los datos que el MATE tiene para que sea de acceso público, indica la también activista medioambiental. “Se supone que parte de los requisitos que tienen que cumplir las industrias, para que les den la licencia ambiental” es el tratamiento de las aguas residuales”, pero eso no se cumple, asevera Escala.

Aunque esto es competencia exclusiva de los gobiernos municipales, enfatiza Cucalón, ya que así lo establece la Constitución y las leyes. El numeral 4 del artículo 264 de la Constitución indica que entre las competencias exclusivas de los municipios está “prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental”. No obstante, “todos estamos articulados”, sentencia Cucalón.

El exministro de gobierno de Lasso declara que en el régimen anterior entregó a las alcaldías, aproximadamente $ 260 millones en líneas de créditos para el tema de agua potable y saneamiento. “Lo que hay que ser es más estrictos con los municipios, que esa plata, que está destinada para ese fin, cumpla ese fin y que no se destine para otras cosas, a gastos superfluos”.

No obstante, ¿por qué no se ha remediado? Encala sostiene que eso se debe a los intereses que tienen los gobiernos con las industrias y empresas que incumplen con las normativas ambientales, que están obligados a implementar plantas para el tratamiento de las aguas residuales. “Hay una conciliación de los gobiernos con los intereses de estos grupos económicos”.

Tampoco les interesa a los gobiernos locales invertir en proyectos de esta naturaleza, agrega el político, porque privilegian invertir en proyectos en donde sacan réditos, provecho, coimas, sobreprecio y “porque saben que no les conviene”. La única solución, para Escala, es hacer profundas reformas para obligar a los gobiernos autónomos descentralizados y a la gran industria a que sean responsables con la salud y la vida de los ecuatorianos.

Entre esas iniciativas, Escala propone, que si el alcalde no destina, en el primer año, al menos el 1 % de su presupuesto -anualmente este valor se incrementaría-, sea sancionado junto con el Concejo municipal, “porque se hacen de la vista gorda para que se hagan estos tipos de proyectos”.

González añade que se trabaje desde la prevención para que no se repita el caso de Santa Rosa (El Oro), donde más de 100 personas fueron al hospital por una intoxicación masiva por el consumo de agua potable que estaba contaminada por metales pesados, en 2021. Para esto, poner un medidor de metales pesados cerca de la toma de agua.

Además, de que el gasto no se derive para festividades y otras cosas, disfrazadas de turismo, sino para lo indispensable, dice el exministro Cucalón. “El dinero debe ir a lo básico, que es el desarrollo de los servicios básicos, entre eso: tener agua potable, pero que sea potable y no contaminada”. Es por esto por lo que se debe exigir a los municipios que ejerzan a cabalidad su competencia básica, “que se dediquen a eso exclusivamente, de manera honesta, responsable y eficaz”.