Agua: Ecuador rumbo al suicidio

Si el subdesarrollo consiste en la incapacidad de relacionar una cosa con otra, las políticas públicas del Ecuador con respecto a la cuenca del Paute, en la provincia del Azuay, son un monumento al tercermundismo crónico. 

En el extremo oriental del río, donde se precipita hacia la Amazonía, el nivel del agua en las represas de la central hidroeléctrica mantiene en vilo a un país agobiado por los apagones. Con los ojos fijos en la cota, hasta los ministros rezan para que llueva. Sabemos que los estiajes no harán sino empeorar en el futuro inmediato. Sin embargo, en el extremo occidental, en el macizo del Cajas, donde tienen su origen todas las corrientes de agua que convergen en el Paute y donde, técnicamente, debería llover para que sirviera de algo, una serie de proyectos mineros a gran escala amenazan con disminuir aún más ese caudal de manera quizás irreversible. Y no hay un sólo funcionario en el Estado, ni uno solo, ni siquiera la ministra que por un azar del destino ocupa simultáneamente las carteras de Ambiente, de Energía y de Minas, que esté hablando de esa perniciosa y evidente conexión. Considerando únicamente la cantidad de agua y omitiendo el asunto mucho más dramático de su calidad, se podría decir que el Ecuador avanza a paso firme hacia el suicidio energético por no saber sumar uno más uno.

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Crisis energética 

En estos momentos de crisis energética, todo este país dependiente de las hidroeléctricas debería estar debatiendo sobre cómo manejar sus fuentes de agua. La cuestión de la minería en el páramo, por ejemplo, que la Corte Constitucional colombiana resolvió prohibiéndola de un plumazo en todo el territorio, por considerarla nociva para la estabilidad hidrológica del país y para la salud de los consumidores, sigue siendo aquí una asignatura pendiente. Al respecto, un reciente informe técnico de la Empresa de Agua Potable de Cuenca, ETAPA, uno de los organismos más respetados y eficientes del país, bajo cuyo cuidado se encuentra el área protegida del Cajas, ha puesto a sonar todas las alarmas. Entregado en agosto pasado al ministerio del Ambiente, que no ha dicho una palabra desde entonces, el informe se centra en el proyecto minero de Loma Larga, concesionado a la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM) en el páramo de Quimsacocha, zona de recarga hídrica del macizo del Cajas en la que nacen dos de los cuatro ríos de Cuenca: el Tarqui y el Yanuncay, afluentes del Paute. En 142 páginas de un altísimo nivel técnico, con análisis geológicos, hidrológicos, bioquímicos, modelos matemáticos y estadísticos, los especialistas de ETAPA nos cuentan una película de terror.

Se trata, básicamente, de la historia de un engaño: uno al que la minera canadiense DPM pretendió someter a todos los ecuatorianos. En abril de 2022, DPM entregó al Ministerio del Ambiente el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Loma Larga con el fin de obtener una licencia ambiental para iniciar la fase de explotación. ETAPA somete a riguroso análisis todos los términos de ese estudio de impacto ambiental, sus mediciones y sus proyecciones, según las cuales los daños ambientales serán menores y remediables, y concluye que se trata de un fraude desde la primera página hasta la última.

Para empezar, todo el estudio de DPM, según los técnicos de ETAPA, se levanta sobre un error de bulto: definir como área de influencia de la mina únicamente la zona de implantación del proyecto minero, es decir las 186 hectáreas donde construirá su infraestructura y sus alrededores. La (comprensible) postura de ETAPA es que el área de influencia debería extenderse a toda la cuenca de los ríos y quebradas que se originan en la zona de implantación, por fuera de la cual la minera se abstuvo de hacer ningún estudio. Además, la minera subestima la importancia del uso del agua de Quimsacocha para consumo humano: de las 323 autorización de uso concedidas en la zona (la mayoría para riego), el estudio impacto ambiental considera sólo cuatro. Y de esas cuatro, omite la descripción de los caudales y la cuantificación del número de usuarios.

Calidad del agua 

Pero hay cosas peores:  de la minera, siempre según el informe de ETAPA, que resulta lícito dudar de la buena de sus técnicos, si es que hubo técnicos a cargo su elaboración. Ocurre que todos los indicadores para medir la calidad del agua (índice de nitrato; índice de demanda bioquímica de oxígeno, que permite establecer el nivel de contaminación orgánica del agua; índice de turbiedad; índice de demanda química de oxígeno, que determina la cantidad de químicos disueltos o en suspensión...), todos esos indicadores han sido exagerados por la minera. 

No hay que olvidar que el trabajo de ETAPA consiste, precisamente, en garantizar la calidad del agua para cerca de 800 mil consumidores a los que abastece, para lo cual dispone de una treintena de puntos de monitoreo a lo largo de las cuencas. Así, por ejemplo, según los datos históricos de ETAPA, el promedio de nitrato en el agua es de 0,05 miligramos por litro. La minera, en cambio, arroja un resultado de 4 miligramos por litro. Cifra absolutamente inverosímil e incoherente con toda medición seria. Lo mismo ocurre con el resto de indicadores: la minera los multiplica por 80. En resumen: lo que DPM está diciendo es que los ríos que se propone contaminar, ya están contaminados.

Más fradues: en el modelo hidrológico que propone la minera hay, según ETAPA, “una concatenación de errores, omisiones e hipótesis carentes de sustento” que plantean un escenario de incertidumbre frente a los verdaderos impactos. Básicamente, según DPM, no existe comunicación entre el agua superficial del páramo y el agua subterránea, cuando el análisis químico de ETAPA demuestra que esas corrientes están completamente interconectadas. Todo ello para no hablar de la construcción de la relavera, donde DPM piensa dejar para la eternidad millones de toneladas de materiales de desecho, con metales pesados y arsénico, que según la misma empresa conforma el 10 por ciento del material rocoso que pretende procesar. O el espinoso y confuso asunto (confuso en el mismo estudio de impacto ambiental de la minera) de la cantidad de agua que se utilizará para el proceso de minado. Porque el volumen declarado no coincide con el tamaño de los tanques de almacenamiento que se planifica construir.

Lo del volumen de agua comprometido en la producción es clave: casi 600 metros cúbicos por hora que DPM asegura que procesará y recirculará 24 horas al día, siete días a la semana, durante los doce años de operación de la mina. Una pretensión que, según ETAPA, no tiene ningún sustento técnico, pues esa agua se saturará de metales pesadas y tendrá que ser sustituida para resguardar la seguridad de las maquinarias, sin que la minera se moleste en aclarar en dónde la descargará ni de dónde obtendrá el agua sustituta. Todo lo cual supone un doble colapso: de contaminación del agua, para desgracia de los 800 mil consumidores de ETAPA, y de caudal de los ríos, para miseria de la central hidroeléctrica de Paute y de todo el país.

Lo que está en juego es la licencia ambiental para que la Dundee Precious Metals emprenda la fase de explotación sobre la base de un estudio de impacto ambiental tan cuestionable. ETAPA insiste en que esa licencia debe ser negada. ¿Qué hará el ministerio de Ambiente? Considerando, una vez más, tan solo el factor energético, y haciendo abstracción de los problemas de contaminación del agua que afectarían a todos los usuarios del sistema de potabilización administrado por ETAPA, resulta inaudito que el país no haya dispuesto ningún sistema de manejo o de conservación de la cuenca del Paute, de la que depende la generación de la hidroeléctrica más grande del país.

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