El Aguarico esta en ‘stand by’
La propuesta de que el Gobierno limpie la zona afectada por contaminación de crudo quedó descartada por el momento. Se necesitan $ 350 millones.
El ofrecimiento no estaba ajustado a la realidad. A inicios de año, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables ofreció limpiar la zona amazónica del Aguarico. Ahí existen derrames de petróleo que son atribuidos, según los habitantes del sector, a la empresa transnacional Chevron. La propuesta, sin embargo, no se concretará o, por lo menos, no en el mediano plazo.
Limpiar la zona del Aguarico, según estimados oficiales, costará más de 350 millones de dólares. Un presupuesto con el que no se cuenta por ahora.
El ministro de Energía, Carlos Pérez, dijo -en su rendición de cuentas de febrero de este año- que Amazonía Viva, proyecto de la empresa estatal Petroamazonas, sería el responsable de la reparación. Dicho segmento de la petrolera cuenta con un personal de 1.185 empleados y, desde 2014, ha eliminado 830 fuentes de contaminación. Solo entre 2017 y 2018 fueron más de 300.
En total, se ha remediado más de 1,2 millones de metros cúbicos de suelo.
El problema es que Amazonía Viva tardaría unos diez años en trabajar en la zona contaminada del Aguarico. Eso, estimando que cada año se remedien 200.000 metros cúbicos.
Además, según conoció EXPRESO, se requeriría de más de 1.000 personas para trabajar todas las fases de reparación. Amazonía Viva cuenta, actualmente, con laboratorios, equipos especiales y personal de campo para trabajar en los territorios contaminados por actividad petrolera.
Álex Galárraga, gerente general de Petroamazonas, explicó que presentó algunas de esas cifras al ministro Pérez y que, por ahora, no hay planes de intervenir en la zona del Aguarico.
Lo dicho representa un alivio para los afectados. Aunque suene contradictorio, los lugareños se oponían a que el Gobierno del presidente Lenín Moreno repare el suelo contaminado. Para ellos, eso es responsabilidad de Chevron.
La transnacional, sin embargo, no tiene intenciones de intervenir porque, a criterio de sus representantes, el daño no fue causado por ellos.
