Alcalde de Riobamba, Jhon Vinueza, y exfuncionario, vinculados al caso Altares
Vinueza es señalado de integrar supuesta red de funcionarios municipales y concejales para la entrega irregular de contratos
El alcalde de Riobamba, Jhon Vinueza, deberá presentarse cada semana ante la Fiscalía y tiene prohibición de salida del país, según lo dictaminó la jueza que conoció la solicitud de vinculación al caso “Altares”.
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Las mismas medidas cautelares fueron impuestas a su colaborador cercano, Lenin Fuentes, quien hasta hace dos días se desempeñaba como director de la Empresa Pública Mercado de Productores de Riobamba.
Fuentes presentó su renuncia antes de la audiencia y no acudió a la diligencia judicial; en su lugar, compareció únicamente su defensa técnica. El alcalde Vinueza, en cambio, sí asistió a la audiencia junto a sus abogados.
La diligencia generó expectativa en la ciudad. Los alrededores de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo fueron vallados como medida de seguridad. A las afueras del edificio, un grupo de empleados municipales se apostó con carteles y una camioneta con parlantes para expresar su respaldo al alcalde.
Sin embargo, durante su permanencia en el lugar, algunos de ellos agredieron verbal y físicamente a periodistas que cubrían el hecho: insultaron, empujaron y taparon las cámaras de los medios de comunicación presentes.
¿De qué acusan a Vinueza?
La Fiscalía solicitó la vinculación de Vinueza y Fuentes al proceso en el que se investiga una presunta asociación ilícita.
Según las investigaciones, se habría conformado una red integrada por funcionarios municipales y concejales que, de forma coordinada, habrían intervenido en la entrega irregular de contratos, favorecimientos en procesos de adjudicación y cobros indebidos por trámites municipales.
Este caso, que se conoció públicamente el pasado 30 de enero, ya cuenta con nueve personas procesadas, entre ellas concejales y el director de Movilidad. Durante los operativos ejecutados en ese entonces, se realizaron varios allanamientos en oficinas del municipio y viviendas particulares.
La jueza a cargo aceptó la petición de la Fiscalía y, bajo el principio de igualdad, dispuso que los nuevos implicados cumplan con las mismas medidas cautelares que se aplicaron a los procesados inicialmente.
La instrucción fiscal continúa en marcha y está previsto que concluya el próximo 30 de mayo.
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