Los alcaldes acudieron al diálogo estatal con cuatro pedidos

La reunión entre la directiva de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), el Ministerio de Gobierno y el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) empezó  pasado el mediodía, pero las fichas ya estaban echadas.

Al menos doce horas antes del encuentro, los burgomaestres de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos anunciaron su intención de mantener las medidas de restricción instauradas al inicio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el pasado 16 de marzo, y no pasar a la fase de ‘distanciamiento social’, que el Gobierno prevé implementar desde el 4 de mayo.

El documento, firmado por los cincuenta y un municipios que conforman el capítulo regional, señala que el semáforo en rojo se mantendrá “hasta realizar una evaluación real de cada cantón” y hasta que se analicen los siguientes pedidos: la devolución inmediata, y en efectivo, de los valores retenidos por concepto de IVA, el pago de las asignaciones presupuestarias hasta abril, el uso de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para el control en cada jurisdicción, y la dotación de los hospitales y centros de salud de protección personal, medicinas y de laboratorios para hacer las pruebas rápidas.

Horas más tarde, los cabildos de Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza y Azuay también se acogieron a la decisión de mantener las medidas de restricción.

“Nos han dado una puñalada a los GAD municipales al indicar que la decisión de levantar la cuarentena es nuestra, cuando en la Constitución es responsabilidad del Gobierno”, dijo Edson Alvarado, alcalde de Santa Lucía y presidente regional de AME. “Ahora sí nos toman en cuenta para decirnos que somos responsables de las muertes que puedan pasar en cada uno de nuestros cantones. Es dura esta situación. Está mal planificado”.

Javier Altamirano, alcalde de Ambato, explicó en cambio, que la medida se revisará cada semana y se determinará el avance de la curva de contagio. “Solicitamos de manera urgente que se realice la transferencia de las asignaciones presupuestarias”, comentó, pero agregó que a nivel provincial se trabaja en un plan de reactivación económica.

Pero los pedidos de los cabildos no serán fáciles de cumplir. El pasado martes, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, estableció que hasta la semana pasada, se había transferido $ 91 millones en asignaciones, pero únicamente a las alcaldías que tenían sus cuentas en cero. “Estamos buscando diferentes estrategias y fuentes de financiamiento para entregar los recursos a los GAD. Se ha privilegiado a los que no tenían fondos en su cuenta corriente”, recalcó.

Esta agregó que otros municipios sí tienen recursos para paliar la emergencia, “más o menos $ 1.200 millones”, según comentó. Se les ha pedido reformas presupuestarias.

Romo no dio datos con respecto a la deuda total que mantiene el Gobierno con las alcaldías. Sin embargo, en febrero se canceló $ 191 millones por concepto de devolución del IVA a 58 municipios. En esta cifra no estaban incluidas las siete urbes más grandes del país.

El encuentro concluyó cuatro horas más tarde, sin llegar a resoluciones específicas.  A través de un comunicado, los alcaldes participantes, entre los que estaban Cynthia Viteri (Guayaquil), Jorge Yunda (Quito) y Pedro Palacios (Cuenca)informaron que, además de recibir los documentos detallando las situaciones en cada región, solicitaron al gobierno extender el aislamiento a nivel nacional hasta el 17 de mayo, priorizar la atención de la salud de los funcionarios municipales de primera línea y establecer "un comisión técnica junto a la Contraloría para evitar sanciones y glosas derivadas de las contrataciones que se generen por contrataciones en esta época". 

No hubo avances con respecto a la entrega de las asignaciones presupuestarias. "Esta reunión era para presentar informes, no para buscar acuerdos", señaló la ministra de Gobierno en horas de la tarde. Romo agregó que el domingo se entregarán los datos oficiales de las localidades que pasarán 'del rojo al amarillo'.